Caracas.-La tensión volvió a escalar después de que el chavismo anunciara que analiza solicitar a la justicia «la abolición» del parlamento y de que la iglesia se quejara de que se impide la llegada de alimentos y medicinas del exterior para paliar el desabastecimiento.
Paralelamente, dirigentes oficialistas y opositores continuaron chocando verbalmente acerca de los plazos de los diversos trámites para la convocatoria a un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
El dirigente Didalco Bolívar anunció en conferencia de prensa que dentro de la coalición gobernante se «ha iniciado una discusión para solicitarle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la abolición de esta Asamblea Nacional (parlamento unicameral)», informa la Agencia oficial Argentina Télam.
«Además, nosotros pedimos que la abolición sea acompañada de una convocatoria a elecciones parlamentarias», agregó Bolívar, ex gobernador del estado Aragua y líder de Podemos, uno de los miembros del Gran Polo Patriótico (GPP), la alianza oficialista que encabeza el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La anunciada por Bolívar es la segunda iniciativa chavista para cerrar la Asamblea, que desde el 5 de enero pasado tiene holgada mayoría opositora.
En abril pasado, el abogado constitucionalista Hermann Escarrá afirmó en un acto oficialista que Maduro podía decretar una enmienda constitucional «en consejo de ministros, sin pasar por la Asamblea Nacional», disponiendo que «se reduce a 60 días el período constitucional de los integrantes de la actual Asamblea», y agregó que «ya eso está redactado».
Hasta ahora, el chavismo neutralizó a la Asamblea mediante su control del TSJ, que declaró inconstitucionales las principales leyes sancionadas, tales como la de amnistía y las de reformas al funcionamiento del Banco Central de Venezuela y del propio máximo tribunal.
Mientras tanto, el cardenal primado de la Iglesia católica en Venezuela, Jorge Urosa, sostuvo que «no es posible» que el gobierno «esté negando que exista» el «gravísimo problema de la crisis de alimentos y de medicinas que hay en el país».
«No es posible que no se permita que vengan alimentos y medicinas de otras partes del mundo, enviados por organizaciones no gubernamentales, por organizaciones de la Iglesia, y que esto no se permita para no poner en evidencia que en Venezuela hay un gravísimo problema de escasez», agregó Urosa.
Al respecto, el presidente de Fedecámaras -la mayor asociación empresarial del país-, Francisco Martínez, afirmó que 90% de las empresas debió reducir sus operaciones en 80% promedio por falta de acceso a divisas.
“Las empresas han reducido sus operaciones por la imposibilidad de tener acceso a las materias primas, a insumos intermedios y a máquinas y repuestos que son tan necesarios para la producción de bienes y servicios hechos en el país”, dijo Martínez a Unión Radio.
Asimismo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que, según su relevamiento habitual, en mayo pasado el costo de la canasta alimentaria familiar aumentó 22,5% con respecto a abril y 817,1% frente a mayo de 2015, y eran necesarios 15 salarios mínimos para solventarla.
Por otra parte, Urosa advirtió que «no se está observando el debido proceso» en relación con el caso de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, militantes del partido opositor Voluntad Popular (VP) detenidos el 19 de este mes, y subrayó que «ellos deberían estar siendo juzgados en libertad, tal como ordena el Código Orgánico Procesal Penal».
Márquez y San Miguel -cuya libertad reclamó ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien sostuvo que fueron «detenidos injustificadamente»- están recluidos en una cárcel en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, en el centro del país, «donde aparentemente han sido sometidos a maltratos y vejaciones», informó el diario El Nacional.
En tanto, el representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Bello, afirmó que «entre hoy y mañana va a estar concluida» la revisión de la validación de las firmas de ciudadanos de la primera etapa de solicitud del referendo revocatorio.
Ayer, sin embargo, una de las directoras chavistas del CNE, Tania D’Amelio, había dicho a través de Twitter que ese proceso demandaría «20 días hábiles».
Por su lado, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús «Chúo» Torrealba, asistió hoy a la sede del CNE para reclamar que se iniciara «ya la siguiente fase» del trámite del revocatorio, consistente en la recolección de unos cuatro millones de firmas de ciudadanos, equivalentes a 20% del padrón electoral.