Asunción, IP.- El gobierno afirmó que las muertes de los 11 campesinos en la masacre de Curuguaty, ocurrido en el 2012, sí fueron investigadas, contradiciendo de esta forma al Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien expresó su preocupación ante la supuesta falta de investigación del caso.
A continuación reproducimos inextenso el comunicado dado a conocer este viernes por la Cancillería:
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública nacional e internacional que son improcedentes las expresiones vertidas en el comunicado publicado el pasado 20 de julio por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Caso Curuguaty, el cual se halla actualmente en instancias judiciales nacionales.
El proceso continúa su curso normal en la justicia ordinaria del Paraguay y sobre el mismo ha recaído recientemente una sentencia en la Primera Instancia de la jurisdicción penal, estando habilitados todos los recursos oponibles previstos en la legislación nacional que podrían ser utilizados por las partes agraviadas en el proceso, si así lo estiman necesario. En ese sentido, reafirmamos la postura del Gobierno Nacional, de respetar la independencia de los Poderes que conforman el Estado Paraguayo.
Adicionalmente, en el marco de las garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico paraguayo, cabe acotar que los procesados, a lo largo de todo el juicio, contaron con asistencia legal brindada por el Ministerio de la Defensa Pública y por abogados particulares.
También llama la atención que el comunicado ponga en duda la actuación policial, cuando la misma fue el resultado de una orden judicial de allanamiento y se efectivizó con un contingente integrado por agentes del orden público, funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, agentes fiscales y, adicionalmente, funcionarios de la fiscalía de Curuguaty.
Asimismo, es importante señalar que en oportunidad del enfrentamiento entre fuerzas del orden y un grupo de personas armadas, la actuación policial fue de reacción y se circunscribió a la legítima defensa, en el marco de los límites que establece la Constitución Nacional y el Art No. 19 del Código Penal, y por instrucciones de las autoridades nacionales que integraban el gobierno del entonces Presidente Fernando Lugo.
El Estado paraguayo, respetuoso de sus compromisos en materia de Derechos Humanos, ha informado a todas las instancias internacionales sobre el caso de referencia, las veces que se le ha solicitado desde el año 2012 hasta la fecha, y así lo seguirá haciendo cada vez que le sea requerido.
Por otro lado, el Gobierno considera inapropiada la expresión que utiliza el comunicado al señalar que prevalece la impunidad en el caso del asesinato del señor Vidal Vega, cuando ha existido una investigación que llevó a un Tribunal a condenar al responsable del crimen el pasado mes de abril.
De igual forma, en línea con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Examen Periódico Universal, el Congreso Nacional ha iniciado la discusión en torno a la eventual creación de una Comisión Independiente que investigue los sucesos ocurridos en Curuguaty en el año 2012, en los términos del Art. 195 de la Constitución Nacional, siendo ésta una prerrogativa exclusiva del Congreso Nacional.
El Paraguay desea expresar nuevamente su compromiso de continuar impulsando las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de este triste suceso que costó la vida de muchos paraguayos.