Asunción, IP.- Este miércoles se realizó la audiencia pública para analizar el proyecto de ley que busca liberar el registro de los escribanos. El encuentro se desarrolló entre los dos sectores con posiciones bien definidas, en la Sala Bicameral del Congreso.
El debate giró en torno a la necesidad, o no, de que los escribanos accedan a sus respectivos registros mediante la realización de un concurso de oposición.
Ana Manuela González, del Colegio de Escribanos, dijo que coincide en que el notario es un profesional privado a cargo de una función pública e hizo alusión al artículo 47 de la Constitución Nacional, que habla de la garantía para el ejercicio del trabajo; solo exige la idoneidad, en lo cual se basa el argumento del gremio que representa para disentir con la iniciativa, según esgrimió.
Afirmó que están a favor de conservar el concurso de oposición ya que, teniendo en cuenta las funciones del notario, se debe saber con firmeza su idoneidad para llevar adelante el legado del Estado.
González resaltó que la escribanía pública no es una profesión privada, sino una función pública delegada por el Estado, y por ende debe ser regulada, controlada y concursada.
Además, indicó que el Congreso debe seguir con su potestad de crear los registros, conforme a las necesidades del país, “y que la Corte llame puntualmente, cada año, a concurso de oposición”.
A su turno, el escribano Lorenzo Ramírez opinó en forma distinta y aseguró que el debate sobre el registro notarial basado en el concurso corresponde a un sistema normativo fallido, porque cercena el derecho al trabajo que se encuentra garantizado en la Carta Magna.
Otro punto de vista expresado durante la audiencia pública señaló que los cambios sugeridos podrían “herir de muerte a la función notarial”.
En ese sentido, algunos manifestaron que la sociedad será la más perjudicada con las constantes modificaciones a la normativa, si el objetivo de la misma es la masificación y, por ende, la imposibilidad de control.
El tema de la idoneidad fue otro punto de debate en cuanto a que una posición manifestó que aquellos notarios y escribanos públicos con registros no garantizan una capacidad en el ejercicio del trabajo y que, para nada, ese profesional es mejor que aquellos que no cuentan con registro.
Un concurso que dura apenas 60 minutos no puede probar la buena o mala aptitud de una persona para ejercer un trabajo, argumentaron.
Del mismo modo, se señaló que existe una total discriminación entre los integrantes del gremio.
La escribana Ana María de Acha, ex senadora, valoró la importancia del debate público en la búsqueda de la excelencia y la dignificación de lo que uno hace, y no igualarse por debajo.
Sostuvo que el escribano es un funcionario público “sui generis” y que debe ir a concurso de oposición, como van todos los funcionarios del Estado, conforme a la Ley 1.626.
Agregó que un depositario de la fe pública no puede ser cualquiera y que aquella persona que se reciba en la Facultad no garantiza que sea una persona creíble, “por lo que es importante buscar la calidad en la gente que toma la profesión”.
Al concluir la audiencia pública, los diputados participantes destacaron la altura con que se desarrolló el debate sobre el polémico tema.
El legislador Carlos Potrillo (PLRA-Alto Paraná), aseguró a los presentes que desde la Cámara Baja se realizará todo el esfuerzo para sacar una ley que beneficie a todos los profesionales sin perjuicio para ningún sector.
El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), uno de los proyectistas de la norma analizada, lamentó que las posiciones sean muy contrarias e instó a buscar una alternativa por el bien de la ciudadanía.
Finalmente, aseguró que la intención no busca masificar la distribución de registros, sino evitar una discriminación y adelantó que pedirá informes y hará un trabajo pormenorizado para conocer, en detalle, la situación actual de las circunscripciones notariales, destaca el informe de prensa de Diputados.