Buenos Aires.- Un juez ordenó realizar hoy un allanamiento en la sede central en Buenos Aires de la asociación argentina de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo luego de que su presidenta, Hebe de Bonafini, no acudiese esta mañana a declarar en una causa por presunto fraude al Estado.
El subcomisario Gómez de Olivera, del Departamento de delitos federales de la Policía Federal de Argentina, acudió en torno a las 14,30 hora local (17,30 GMT) de hoy a la sede de la asociación, en el centro de la capital, y dijo que necesitaba «cumplimentar una orden de allanamiento» dispuesta por el juez federal.
«Necesito acceder con la comitiva de tres personas y tratar de dialogar la orden de allanamiento sobre el lugar y cumplimentar y hacerla en la forma más cordial y salvable para todos», remarcó el subcomisario con la orden de allanamiento en la mano y rodeado de multitud de personas mostrando su apoyo a las miembros de la organización.
De Bonafini no acudió a declarar hoy en un caso por presunto fraude al Estado y la anciana, de 87 años, dijo que no fue porque hace casi 40 años padece «agresiones» de la «mal llamada Justicia».
En un escrito presentado por su abogado al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al que tuvo acceso Efe, Bonafini explica que, desde 1977 y 1978, cuando sus dos hijos y su nuera fueron hechos desaparecer por la dictadura (1976-1977), inició un «calvario» en una «constante peregrinación por los juzgados» y que sintió siempre «la misma ignominia, la misma indiferencia» de la Justicia.
Bonafini debía prestar hoy declaración por la causa conocida como «Sueños Compartidos», que investiga un supuesto fraude al Estado a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.
En la causa, el magistrado también citó a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), ya que se investiga si hubo «connivencia (con) funcionarios públicos» para gestionar y obtener «ilegítimamente» fondos del Estado para la construcción de las viviendas.
Bonafini ya faltó el pasado 6 de julio a la primera citación del magistrado y podría ser obligada a acudir con la fuerza pública. EFE