Asunción, IP.- El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Martin Cabrera imputó por la supuesto hecho punible de producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso y apropiación a Nelson René Carreras Insaurralde, Digno Ramón Acosta, ambos exintendentes de Puerto Pinasco y a otros funcionarios municipales.
Los otros funcionarios que fueron imputados son, Luis Alberto Irala Sánchez, extesorero, secretario general y miembro del departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Domingo Ramón Arias Villalba, exsecretario general y miembro del departamento de la UOC y Celso Javier Martínez, exsecretario general.
Además, el mismo representante del Ministerio Público procesó por el ilícito de lesión de confianza a Juan Bautista Román Aquino, José Alberto Carreras Insaurralde, Luis Giménez Rodas, Eulogio Ruiz, Néstor Alvarenga Vargas, Gustavo Adolfo Fernández Romero y Esteban Antonio Ávalos Pereira.
Según consta en el escrito de imputación, el fiscal encargado de la investigación sobre supuestas irregularidades en la Municipalidad de Puerto Pinasco realizó varias diligencias, entre ellas solicitó informes a la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y a la Auditoria General del Poder Ejecutivo.
Asimismo requirió a entidades financieras informes de las cuentas utilizadas por el municipio relacionados al Fonacide y a los royalties, durante la administración de Nelson René Carreras y Digno Ramón Acosta, periodo 2010-2015, quienes fueron anteriormente imputados por lesión de confianza.
En esta causa abierta, el órgano superior de control remitió copias con soporte magnético de las documentaciones de las rendiciones de cuentas de los rubros del Fonacide y royalties, de los ejercicios 2013 al 2015.
También, en la imputación consta que los concejales municipales Román, Cabrera, Giménez, Ruiz, Alvarenga, Fernández y Ávalos emitían y argumentaban su voto para la aprobación de la ejecución presupuestaria en el periodo del exintendente Carreras.
Con esas aprobaciones los mismos habrían avalado la administración del Ejecutivo municipal, haciendo caso omiso a varios ediles, quienes reclamaban las observaciones de la mala ejecución.
En el documento, el fiscal Cabrera manifestó: “Éstas personas por el cargo que ejercían y porque fueron electas por voto de los ciudadanos de Puerto Pinasco, tenían la obligación como órgano contralor de denunciar las irregularidades detectadas y no lo habrían hecho.
Además, estos tuvieron en su momento a la vista las documentaciones que posteriormente fueron entregados a la Contraloría General de la República y así cumplir supuestamente con las formalidades, a fin de que siga el proceso de desembolso de los fondos por parte del Ministerio de Hacienda bajo engaño en las declaraciones con documentaciones de contenido falso”.
Asimismo, durante la investigación hallaron copias de los cheques proveídos por el Banco Continental, en el cual se registran las operaciones sobre pagos para obras, cobrados en ventanilla por las propias autoridades de la Municipalidad, como también por distintos funcionarios comunales, quienes presuntamente no contaban con respaldo por el monto recibido.
Además, cheques que fueron emitidos al portador y otros nominados a empresas que no existen y cobrados probablemente por el exintendente y por el tesorero, beneficiándose los mismos, de forma irregular, con los fondos públicos.
Por otro lado, Sánchez y Arias, ambos miembros también del Departamento de U.O.C., autorizaban con sus actas de supuestas evaluaciones de ofertas el proceso de adjudicación, para luego procesar las órdenes de pago los trabajos de obras por parte de empresas que no existen.
Los mismos firmaban las documentaciones de acuerdo con la función que cumplían en el cargo que desempeñaban en el periodo 2013, 2014 y 2015, por lo que tenían activa participación en el la confección, elaboración, proceso y posterior presentación de las documentaciones ante las instituciones encargadas de verificar la ejecución y así seguir obteniendo desembolso de los fondos del Ministerio de Hacienda, de forma irregular, cumpliendo con las formalidades requeridas por ley, pero con documentaciones presumiblemente falsas y de contenido falso, destaca el informe de prensa del Ministerio Público.