Asunción, IP.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cooperará con la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (Dinapi) en el combate a la violación de la propiedad intelectual y la piratería por internet en Paraguay, tras el convenio de cooperación interinstitucional que suscribieron ambas entidades.
Este lunes en el local de la Conatel, se realizó la firma del documento su presidenta Teresita Palacios; la directora de la Dinapi, Patricia Stanley, y como “testigo de honor” la embajadora Leslie Ann Bassett, de los Estados Unidos.
En la ocasión la presidenta de la Conatel manifestó que “celebramos este convenio, y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para combatir la piratería”, al tiempo de destacar y agradecer el “apoyo constante” de la embajadora de los Estados Unidos.
Asimismo señaló que “esta lucha nos une a todos”, añadiendo que están generando mayores oportunidades para el país, de modo que los compatriotas puedan vender libremente sus productos “sin el mote de piratas”.
Por su parte, Stanley, subrayó que la firma de este documento representa un paso muy importante para demostrar que el Estado es uno solo, que es posible lograr un trabajo coordinado para enfrentar al crimen organizado.
“El Estado lo que hace con este convenio es unir fuerzas para enfrentar a este flagelo que hace muchísimo daño al país”, indicó.
El acuerdo establece que ambas entidades “convienen en celebrar el presente instrumento con el fin de desplegar estrategias comunes, teniendo por objeto el Combate a la Piratería en los servicios de telecomunicaciones, y otros programas, proyectos y actividades que las partes consideren pertinentes”.
Además habla en un apartado de las “que la Conatel, por sus funciones y atribuciones legales, se encargará de colaborar con la información necesaria para que la Dinapi pueda ejercer plenamente la observancia de los derechos de propiedad intelectual con los cables operadores y cualquier persona que transmita o emita señales de obras intelectuales en todas sus formas”.
La Dinapi, por su parte deberá desarrollar una actividad preventiva e investigativa a los efectos de reprimir los delitos de piratería y falsificación, para lo cual queda facultada a realizar intervenciones administrativas con el objeto de evitar la violación de derechos de propiedad intelectual, sostiene en otra parte el documento.
En lo que respecta al período de realización, el referido acuerdo “tiene un plazo de tres años, a partir de su firma”.