Buenos Aires.- El Gobierno argentino oficializó hoy la anulación del aumento de las tarifas del gas para particulares que había implementado en abril, después de que la Corte Suprema fallara la pasada semana en contra de disponer esta alza sin realizar antes una audiencia pública.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que para los consumos de usuarios residenciales registrados a partir del 1 de abril pasado, «las prestadoras del servicio público de distribución de gas» deberán aplicar «los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo de 2016».
La medida se toma después de que el pasado 18 de agosto la Corte Suprema de Argentina tumbara, por unanimidad, la subida de hasta un 400 % del gas para particulares definida por el Gobierno de Mauricio Macri al considerar que este debió someter la decisión a consulta pública antes de aprobarla y que, por tanto, «las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento» de abril.
La resolución emitida hoy por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) también marcó que para aquellos usuarios que sí pagaron sus facturas con el aumento aplicado, las empresas deberán acreditarles este pago en las que se emitan los próximos meses «hasta reintegrar por completo la diferencia correspondiente».
En cuanto a aquellas que fueron «atrasadas o no emitidas» desde abril, los particulares podrán pagarlas en cuatro cuotas mensuales «consecutivas, iguales y sin incluir intereses hasta el momento de la facturación».
Por otro lado, el Gobierno publicó hoy otra resolución en el Boletín Oficial en la que fijó un tope máximo de incremento del 500 % para el sector industrial y comercial y aclaró que en los casos en que no hubiera posibilidades de comparación con consumos anteriores, las facturas «no podrán superar en más de 6 veces al monto con impuestos que hubiere correspondido facturar».
A principios de junio, el Estado ya había oficializado este tope, así como el del 400 % para particulares, pero la medida quedó paralizada después de el máximo tribunal tuviera que hacerse cargo del conflicto a petición del Gobierno para tener una decisión en firme de alcance nacional.
Tras conocerse el fallo de la Corte, que anuló la subida para particulares pero no para industriales y comerciales, el Ejecutivo convocó para el 16 de septiembre una consulta pública, cuyo resultado no es vinculante pero es un paso necesario dentro del mecanismo para disponer un alza tarifaria en materia de servicios públicos.
La subida del gas se produjo en medio de una escalada inflacionaria y junto a fuertes aumentos en el precio de otros servicios, como el agua y la luz (también bajo la lupa de los tribunales), lo que generó un fuerte descontento social y acciones judiciales en varios puntos del país. EFE