Asunción, IP.-En la mañana de este martes en la Sala Bicameral del Congreso Nacional se llevó a cabo la audiencia pública sobre la nueva Ley 5.655/16 que permitirá al IPS asegurar recursos para obras de infraestructura y mejoramiento integral de la salud.
Dio apertura al debate la diputada nacional, Olga Ferreira de López, presidenta de la comisión de Derechos Humanos. La acompañaron los diputados Ramón Duarte y José Ledesma respectivamente.
En representación de la previsional expusieron la justificación de la nueva ley, el asesor de salud del IPS, José Mayans y el gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley.
Entre los oradores se mencionan a Rubén Lisboa, abogado del Frente Sindical y Social; Néstor Núñez, en representación de los asegurados del IPS; Juan Orué, en representación del Frente Sindical. Además expusieron diferentes representantes de sectores de la sociedad en relación al tema.
Halley señaló que la Ley 5.655/16 se promulgó el pasado 24 de agosto de este año. Está vigente y se está analizando su implementación que a nivel del IPS se está ante una ley que promulgó el ejecutivo.
“En este momento en el instituto analizando fríamente la ley, objetivamente la misma, más allá de los defectos de la forma que pudiera tener es una ley positiva para el instituto, tiene disposiciones que nosotros la consideramos muy valiosas como, por ejemplo, nos va a permitir a atacar frontalmente la evasión patronal y la evasión obrera que de 10 trabajadores 2 nomas están y eso es porque el régimen punitivo del IPS no funciona” afirmó.
Esta ley nos otorga multas significativamente mucho más altas para castigar la evasión, penaliza al patrón que descuenta y no aporta, se lo penaliza con cárcel.
En cuanto a la inversión que es el tema más debatido, dijo que la inversión inmobiliaria del IPS permite que el instituto pueda por sí mismo invertir, ya que es un ente riquísimo, que tiene 1500 millones de dólares en los bancos y se quiere evitar que ocurra nuevamente lo que pasó en los años 90.
Lo que le permite al instituto esta ley es la reutilización de parte de la renta, parte de los intereses que genera esa plata, que no vuelvan otra vez a los bancos, que se reinvierta en una de las 1100 propiedades que tiene el instituto para construir hospitales.
¡Cuál es la garantía de retorno? es su puesto de salud, construir hospitales que evidentemente va a ingresar más asegurados y al ingresar más asegurados va a haber más aportes, al haber más aportes se tiene más presupuesto en salud, por lo tanto, se va poder prever el retorno de esa inversión.
“Yo veo positivo y más que eso, veo que el seguro de salud de IPS no tiene otra alternativa en este momento porque en el mediano plazo para atender a los más de 2 millones de asegurados que vamos a ser en 2 años, no existe otra alternativa, salvo arriesgarnos, confiar, hacer inversiones inteligentes en el marco de esta ley que es segura, rentable y que esa plata retorne a jubilaciones en beneficio del asegurado, de la salud del asegurado” sostuvo.
La ley permite
1- Una distribución real del 1.5% del aporte que le corresponde al Estado, poniendo en marcha un mecanismo efectivo para que se corrija una distorsión de décadas. De esta manera, la distribución de ese 1,5% será: 54% de los aportes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, 39,13% al Fondo de Salud, y 6,52% al Fondo de Administración.
A la fecha existe una contradicción en la ley 98/92 que modificó la Carta Orgánica, puesto que hasta ahora el aporte estatal va al Fondo de Imprevistos, pese a que el enciso c) del Artículo 17 de esa misma ley señala que el 1,5% debería ir también a Salud.
2- El acceso a la información de los demás entes públicos, para un control cruzado de las informaciones que las empresas empleadoras y de sus trabajadores proveen a las demás instituciones públicas. Esto, para combatir la morosidad, la evasión y la subfacturación de salarios.
La intención de la ley es la formalización de la economía. El intercambio de información alcanza tanto al sector público como al privado, por lo que se ejercerá mayor control sobre lo que realmente ganan los aportantes. Todos están obligados a dar información a IPS. El proceso de formalización no incluye los datos de salud del asegurado que en esencia son sensibles, por tanto reservados.
3- Mayores penas y sanciones para los evasores y morosos del IPS. Se amplía el artículo 261 del Código Penal incorporando como delito el descontar el aporte del trabajador y no efectivizarlo en la cuenta de la Seguridad Social, estableciendo penas privativas de libertad con castigo de 1 a 5 años de cárcel. Todo lo recaudado va al fondo de Salud.
4 – Contar con recursos genuinos para invertir en obras de infraestructura dentro del patrimonio del IPS -que se traducen en más y mejores hospitales-, fortaleciendo además las Reservas Técnicas, al estar invertidas en el patrimonio del IPS. Además, impone un límite a lo que hoy permiten los artículos 27 y 28 de la Carta Orgánica.
Una inversión es la compra de bienes que no son consumidos hoy y que crean riqueza y que tiene retorno para quien lo hace, en este caso al IPS.
Invertir en el patrimonio de IPS no es un gasto es una inversión que rendirá sus frutos al asegurado. Lo que sustenta otro fin de la Seguridad Social, el llegar a más ciudadanos.
Las Reservas Financieras del IPS pasaron de 200 millones de dólares en el 2006, a más de 1.600 millones en el 2016. En el mismo periodo, de 300 mil asegurados en el 2006 pasó a 1.340.000 en el 2016. Las reservas financieras se incrementaron a causa de mayores aportantes, sin la cantidad de hospitales que acompañe este crecimiento.