Asunción, IP.-El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, hizo una breve reseña del historial de las tierras hoy en conflicto en la localidad de Guahory. Al respecto, Cárdenas comentó que se trata de una colonia de más de 20 años con títulos otorgados con una legislación que en la fecha ya perdió vigencia.
“En ese momento, la ley posibilitaba que cualquier ciudadano que viviera aquí en el Paraguay, independientemente a la nacionalidad del mismo pudiera ser sujeto a la Reforma, es decir, pudiera adquirir tierras públicas”, dijo Cárdenas en contacto con la prensa.
Sin embargo, esto cambió desde el año 2002 y la Reforma Agraria limita alcance solo para ciudadanos paraguayos naturales, lo que colisiona con la normativa vigente cuanto el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) vende las tierras a brasileños.
Si bien la ley vigente así como la normativa que la precedía determinaban un plazo de 10 años sin posibilidad de negociar las tierras, la venta se realizaba mediante distorsiones del marco jurídico.
En la fecha, la mayoría de los títulos de esas tierras hoy figuran en el Servicio Nacional de Catastro y Registro Público, en consecuencia, son la mayoría títulos legítimos y legales, es decir, administrativamente el Indert no puede hacer nada con respecto a ellos.
“Si hay una intención de que estos títulos se anulen debe ser vía judicial a través de un juicio de nulidad de títulos, no hay otro camino”, sentenció Cárdenas.
Sin embargo, el Presidente del Indert admitió que existen documentos con indicios de irregularidades, aunque aclara que en esa instancia la institución a su cargo pierde competencia, y es la Justicia la que debe dirimir sobre cada caso.
Cárdenas, fue más allá, y cree que el conflicto sugiere una Cumbre de Poderes para analizar la problemática de manera genérica, y puntualmente en el caso de las tierras de Guahory, que según explicó, el dilema de los títulos es nada más que uno de los factores que influye para que el caso sea, cuanto menos, presumiblemente irregular.
“Efectivamente, algunos títulos son realmente legítimos y legales y no van a poder ser demandados, otros sin embargo sí, también está la distorsión que hizo un funcionario en sentido de otorgar a sus parientes, porque esa es una realidad que también es cierta”, aclaró Cárdenas.
Por último, criticó a los políticos que, a su criterio, caen en populismo, ya que varios de esos representantes estuvieron en cargos públicos y no hicieron nada por la situación de necesidad que tienen los pobladores de Guahory.