Río de Janeiro.-En un intento por contener la crisis carcelaria que en los últimos días dejó casi 100 reclusos muertos en medio de la guerra que libran las bandas criminales dentro de las prisiones, el gobierno del presidente Michel Temer inició el despliegue de efectivos de la Fuerza Nacional en siete estados en situación de emergencia.
El temor del Palacio del Planalto es que la crisis carcelaria se agudice y desgaste más al ya debilitado gobierno, en medio de acusaciones de corrupción que apuntan al propio mandatario y su círculo de poder en el marco de las investigaciones del escándalo de sobornos en Petrobras.
La falta de reacción del presidente a la primera masacre fue muy criticada, y una nueva ola de violencia en las prisiones podría aumentar el rechazo contra su administración, que goza de una popularidad de apenas 10%, tras llegar al poder gracias al polémico proceso de impeachment contra Dilma Rousseff.
Los primeros en recibir los refuerzos de esta tropa especial de policías militares, civiles, bomberos y peritos fueron los estados de Amazonas y Roraima, donde ocurrieron las mayores masacres desde que comenzó el año. Cada uno de estos estados amazónicos recibió un refuerzo de cerca de un centenar de hombres.
«Ellos serán una forma de garantizar el orden en una primera reacción a un eventual problema y, con su presencia, a partir del momento en que los presos saben que hay policías equipados con todo tipo de pertrechos, tal vez piensen dos veces antes de hacer cualquier cosa», advirtió el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, que ha buscado disminuir el nivel de la crisis carcelaria para que no afecte tanto al debilitado gobierno de Temer.
Después de años en tregua, los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de San Pablo, y el Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro, se hallan ahora enfrascados en una feroz disputa por las rutas de la droga proveniente de Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú.
El pacto de no agresión se quebró a mediados del año pasado, y desde entonces ha habido enfrentamientos entre las dos bandas, en las calles, en las favelas y también en las cárceles, que sirven de centros de reclutamiento y desde las cuales los cabecillas detenidos siguen organizando sus actividades delictivas gracias a la falta de medidas de seguridad adecuadas.
El Año Nuevo tuvo un sangriento comienzo. Tras un motín, la madrugada del lunes 2 de enero, en Manaos, capital de Amazonas, 56 presos, la mayoría de ellos pertenecientes al PCC, fueron asesinados en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Comaj), supuestamente a manos de miembros de la Familia do Norte (FDN), aliada regional del CV.
Se trató de la peor masacre dentro de una prisión de Brasil desde que en 1992 murieron 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en San Pablo, en medio de la represión policial a una rebelión.
La revancha del PCC llegó cuatro días después, con la muerte de 33 integrantes del CV en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (PAMC), en la zona rural de Boa Vista, capital del vecino estado de Roraima. Y el domingo pasado, otros cinco reclusos murieron en la cárcel Raimundo Vidal Pessoa, de Manaos.
El ministro de Justicia resaltó que la violencia en las prisiones no era un hecho nuevo y recordó que Brasil, con 622.000 presos -la cuarta población carcelaria después de las de Estados Unidos, China y Rusia-, tiene apenas capacidad para unos 372.000 reclusos.
«Hay una crisis crónica del sistema penitenciario, una crisis secular, literalmente, en Brasil, que se amplió mucho en la última década. Tenemos, junto con esta crisis crónica del sistema todo, crisis agudas en algunos estados. Lo que no lleva a la conclusión de que el sistema penitenciario esté fuera de control», buscó asegurar De Moraes, al prometer efectivos de la Fuerza Nacional también para los estados de Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondonia y Tocantins.
La asistencia incluye también equipos y otros recursos además de la transferencia de presos a prisiones federales, así como la rápida distribución a los estados de 2,2 millones de reales que ya habían sido aprobados el año pasado para el área de seguridad.