Asunción, IP.- El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Lic. Justo Cárdenas, dijo que la institución a su cargo actúa en el marco de la Ley en Barbero Cué y que serán beneficiados los ocupantes de hecho del inmueble donado por el gobierno italiano al Estado paraguayo.
Informó que los trabajos de verificación de lotes comenzaron este lunes 13, «dentro de lo que estipula la Ley, y nuestro objetivo es entregar los títulos a las personas que están viviendo en el lugar».
«Este gobierno no tiene intención de lotear tierras para terceros, al contrario queremos brindar solución a las familias campesinas que habitan el lugar. Queremos formalizar la situación de más de 1.200 familias que viven en el lugar», explicó Cárdenas.
En ese sentido, Cárdenas, enfatizó que “es voluntad de este gobierno que las tierras estén en manos de los verdaderos beneficiarios de la ley (de donación) que prohíbe entregar a personas que no cumplan dicho requisito en su artículo segundo, tercer párrafo: El Estado paraguayo, en el marco de su legislación en materia de reforma agraria y desarrollo rural, realizará las adjudicaciones que correspondan a ocupantes de hecho del inmueble transferido. Es decir, a las familias que están viviendo hoy en día en el lugar. Ello implica que nosotros no podemos ocupar dicho inmueble con personas que no sean de la colonia, que no estén viviendo de hecho en el lugar”.
El presidente del ente rural precisó que “la donación en realidad no fue de 17.000 hectáreas. En ningún artículo establece la superficie. La ley refiere en su artículo segundo, en el primer párrafo, que la República de Italia transfiere a la República del Paraguay el inmueble individualizado como finca 231, padrón 682, en Villa de San Pedro de Ycuamandyyú, departamento de San Pedro. Eso es lo que establece la Ley».
La superficie se saca del título de propiedad, pero cuando se lee ese documento uno se percata de los elementos utilizados en la época -estamos hablando del año 1.890 y pico- para medir esa superficie de tierra, lo cual pudo haber tenido errores, explicó Cárdenas.
Con respecto a la mensura judicial indicó que «no hacemos un juicio de valor sobre la mensura. No podemos decir que está bien o mal, porque no es un acto administrativo llevado a cabo por el INDERT, sino por un juez sustentado en acciones técnicas.
La mensura judicial no otorga ni quita derechos, simplemente establece una fotografía con criterios técnicos en el momento sobre la superficie total del inmueble. No realizamos un juicio de valor; lo que sí aceptamos, al tomar conocimiento de su decisión, es lo que un juez determina».
Cárdenas destacó que en base a ello, el ente rural lleva adelante la regularización de la tierra. «Estamos iniciando los trabajos tendientes a entregar sus títulos a las personas que hoy en día están viviendo en el lugar, tal cual establece la Ley suscripta por los gobiernos italiano y paraguayo», anunció.
Señaló que los técnicos del instituto “simplemente van a determinar dónde está el lote de cada uno de los colonos, para saber cuánto mide cada parcela y entregar el título de propiedad a los donatarios, para quienes no rige el Estatuto Agrario, sino la ley de la donación del Estado italiano”.
El trabajo que realiza el Indert es absolutamente transparente y ajustado a la Ley, concluyó Cárdenas, al refutar declaraciones de la abogada Leticia Almada Paoli, quien, en nombre de un grupo de personas, rechaza la mensura judicial inscripta el año pasado.
La abogada sostiene que el gobierno de Italia donó años atrás 17.343 hectáreas y no 14.000 de la finca 231 padrón 682 inscripta mediante la mencionada mensura judicial.