Rio de Janeiro.- Con mucho retraso, jaqueada por el escándalo de corrupción que sacude al país y en medio de numerosas presiones, finalmente Petrobras divulgó su balance auditado de 2014, en el que estimó en 2000 millones de dólares las pérdidas que tuvo la compañía por el esquema de sobornos cobrados a empresas constructoras, parte de los cuales habrían sido desviados a políticos oficialistas.
Ese sangrado, sumado a la desvalorización de los activos de la petrolera como consecuencia del duro golpe a su imagen que la empresa sufrió por las revelaciones de las investigaciones judiciales, llevó a un perjuicio contable de 7152 millones en el ejercicio del año pasado.
Desde que la policía federal y el Ministerio Público en Curitiba comenzaron hace poco más de un año la Operación Lava Jato («lavado a chorro», como se llama aquí a los lavaderos de autos), las acciones de Petrobras perdieron casi un 40% de su valor.
«Tenemos la convicción de que la compañía va a retomar su capacidad de generación de valor. Nuestro mayor activo es nuestro personal; son personas comprometidas. Estamos reviendo aún nuestro plan de negocios y, una vez aprobado, vamos a volverlo público», destacó el presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, banquero que asumió el puesto en febrero último, cuando los efectos del escándalo volvieron insostenible la permanencia de su antecesora, Graça Foster, persona de gran confianza de la presidenta Dilma Rousseff.
Según explicaron anoche las nuevas autoridades de la compañía durante una conferencia de prensa en Río, Petrobras y la firma auditora internacional PricewaterhouseCoopers (PWC) calcularon las bajas contables provocadas por la red de corrupción teniendo en cuenta que, de acuerdo con las declaraciones de los ex directores de la compañía, cobraban un 3% de coimas sobre el valor de los contratos firmados. Las pesquisas judiciales indican que al menos desde 2003, cuando el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) llegó al poder, se instaló en la petrolera un esquema por el cual las constructoras que querían garantizarse licitaciones con Petrobras pagaban sobornos a varios de sus directivos.
Hasta el momento, por orden del juez federal Sergio Moro, de Curitiba, han sido arrestados tres ex directores de Petrobras y 36 ejecutivos de empresas privadas. Además, la semana pasada fue detenido de manera preventiva el ahora ex tesorero del PT, João Vaccari Neto, acusado de ser el nexo entre la petrolera, las constructoras y el partido fundado por Luiz Inacio Lula da Silva. De acuerdo con la fiscalía, Vaccari Neto habría disfrazado parte de las coimas como donaciones al PT, que luego eran utilizadas para campañas electorales.
Bajo la lupa está el financiamiento de las campañas de 2010 y 2014 de Dilma, y el Supremo Tribunal Federal autorizó la investigación de 47 políticos oficialistas que se sospecha que se habrían beneficiado de los desvíos.
Dilma ha negado tener cualquier conocimiento de la red de corrupción, pero las constantes revelaciones de las investigaciones judiciales provocaron un fuerte sentimiento en contra del gobierno, en medio de un deterioro económico cada vez más evidente. La indignación por la corrupción y la frustración por la situación económica han impulsado dos jornadas de masivas protestas callejeras en todo el país, en las que los manifestantes pidieron el juicio político a Dilma. Y, en los últimos días, las principales fuerzas de la oposición, lideradas por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se alinearon detrás de esta postura.
La crisis política no hace más que agravar las dificultades económicas que atraviesa Brasil, y frente a las cuales el gobierno ha propuesto un ambicioso programa de ajuste fiscal y recortes, diseñado por el ministro de Economía, Joaquim Levy, un ex banquero neoliberal resistido incluso por sectores del PT.
Durante un evento en Nueva York anteayer, Levy resaltó la importancia de la presentación del balance auditado de Petrobras, que según él marcará un nuevo paso en la reconstrucción de esta compañía orgullo de los brasileños.
Pocas horas antes de que Petrobras divulgara su balance de 2014, en Curitiba, el juez Moro anunció la condena de dos de los principales delatores que han servido para apuntalar las investigaciones de la Operación Lava Jato: el ex director de Abastecimiento de la petrolera, Paulo Roberto Costa, y el empresario cambista Alberto Youssef. Ambos, que fueron detenidos al principio del operativo, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público para una reducción de sus penas a cambio de brindar más datos incriminatorios de otras personas involucradas en la red de corrupción.
Los dos principales delatores todavía enfrentan otros cargos, y sólo una vez que sean juzgados por todos recibirían la reducción en sus sentencias finales; mientras tanto están bajo arresto domiciliario. Pero el juez Moro advirtió que si mienten en su colaboración con la justicia, podrán perder sus beneficios y aumentarse sus condenas..