Cuestionan que la TV pública española «favorece al gobierno y margina a la oposición»

Londres.- El diario británico Financial Times escribió una dura crítica contra el medio estatal TVE; también otros medios extranjeros cuestionaron al gobierno del PP

«Por más de 50 años, millones de españoles se han sentado cada noche a ver el Telediario, el noticiero insignia del canal estatal TVE. En los meses recientes, en cambio, el canal no sólo se ha limitado a contar noticias, sino también a crearlas».

Así comienza un duro artículo del británico Financial Times contra el medio estatal de España, titulado «La emisora estatal española TVE acusada de parcialidad política». Allí, exponen las acusaciones de que el medio «favorece descaradamente al gobierno de Mariano Rajoy y su oficialista Partido Popular [conservador], marginando las voces de oposición».

El artículo recuerda la denuncia del Consejo de Informativos de TVE ante el Parlamento Europeo sobre el funcionamiento de la cadena pública como un «instrumento de propaganda al servicio del Gobierno».

«Con las elecciones regionales a sólo un mes y las generales a fin del año, la emisora nacional de España se ha convertido en un campo de batalla político crucial», comenta el autor de la nota, Tobias Buck, desde Madrid.

La nota incluye declaraciones del presidente del Consejo de Informativos, Alberto Caballero, en la que dice que en sus treinta años de experiencia en ese medio, TVE «nunca ha estado tan mal».

«Lo que queremos es un canal que esté al servicio del público. Lo que tenemos es un canal que es un instrumento del gobierno, y que está siendo usado por el gobierno», dijo.

«Lo que queremos es un canal que esté al servicio del público. Lo que tenemos es un canal que es un instrumento del gobierno, y que está siendo usado por el gobierno», dijo el presidente del Consejo de Informativos, Alberto Caballero

El diario recuerda que «fundada en 1957, TVE -que significa Televisión Española- sirvió por muchos años como un instrumento de propaganda de la dictadura de Francisco Franco».

«Incluso cuando España volvió a la democracia a finales del 1970, la emisora fue criticada por presunta parcialidad política. Ahora, sin embargo, el goteo de quejas se ha convertido en un torrente», subraya el medio británico.

Según el diario británico, «TVE ha sido acusada de ocultar varios casos de corrupción en los que se ha visto envuelto Mariano Rajoy y el Partido Popular», y cita el caso Bárcenas y sus revelaciones sobre la financiación ilegal del partido. Además, dicen que dentro del canal también cuestionan que se silencia el crecimiento del nuevo partido Podemos, que pone en jaque el poder de los partidos tradicionales, y el reclamo independentista de Cataluña.

La publicación subraya, además, las denuncias contra la dirección de TVE por la creación de una redacción paralela con periodistas procedentes de medios de derecha y de la contratación como director de TVE en Cataluña de Eladio Jareño, ex vocero del PP catalán. En ese sentido, recuerda que tras su llegada al poder, Rajoy cambió la ley sobre la elección del presidente de RTVE, que se decidía por consenso a través de una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados para garantizarse el control.

MÁS CRÍTICAS

También en los últimos días, Rajoy, que buscará su reelección en diciembre, fue blanco de críticas de dos medios extranjeros: el británico The Economist y el estadounidense The New York Times.

The Economist criticó la recuperación económica de España y dijo que sufre de un «desempleo astronómico». Además, contrasta los «buenos números» que brinda el gobierno con la realidad que vive la sociedad española. Por ejemplo, Rajoy «celebró» que el desempleo haya bajado de 27% al 23,8% pero que, sin embargo, sigue siendo el más alto de Europa.

Por su parte, The New York Times publicó un artículo titulado «La ominosa Ley Mordaza de España», que considera que «remonta inquietantemente a los días oscuros del franquismo».

La Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por los críticos «Ley Mordaza» y promovida por el gobierno de Rajoy, define la protesta frente al Parlamento y otros edificios oficiales como «una alteración de la seguridad pública», que puede ser castigada con una multa de hasta 30.000 euros.

Según el diario neoyorquino, el propósito principal de la ley es «ayudar al partido gobernante a mantener su control del poder, desalentando las protestas contra la austeridad que tan amplio apoyo han supuesto al partido populista Podemos»..

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