Brasilia.- Es por un supuesto delito contra las finanzas públicas y en busca de dar paso a un juicio político que termine con la destitución de la jefa de Estado.
La denuncia está impulsada por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD), los cuatro mayores de la oposición, y fue presentada ante la Procuraduría General de la República.
Las fuerzas opositoras señalan a Rousseff por un «delito de responsabilidad» por unas maniobras fiscales realizadas por su gobierno en 2013 y 2014 para que las cuentas públicas se enmarcaran dentro de las previsiones del Ejecutivo.
El pasado abril, el Tribunal de Cuentas consideró que el Gobierno incurrió en un delito por haber usado fondos de los bancos públicos para mejorar los resultados de las cuentas del Estado en esos años, aunque el responsable por la investigación, el magistrado Jose Múcio, descartó que las irregularidades fueran cometidas de mala fe.
El delito de responsabilidad es uno de los que la Constitución menciona como una causa para iniciar un juicio político con fines de destitución del jefe del Estado.
En su denuncia, los partidos opositores solicitaron que el Tribunal Supremo abra una causa penal contra Rousseff y que inste a la Cámara de los Diputados a que inicie el proceso de destitución.
Desde la victoria de Rousseff en las elecciones del pasado mes de octubre, varios sectores de la oposición trataron de promover la apertura de procesos de esta naturaleza, en medio de cierto descontento en la población por el escándalo de corrupción en Petrobras y el empeoramiento de la economía.
En las protestas callejeras celebradas en los pasados meses de marzo y abril también hubo grupos que demandaron la destitución de Rousseff, pero la Cámara de los Diputados -el órgano encargado de tramitar este tipo de pedidos- rechazó todas las propuestas presentadas en este sentido.
El pasado mes de abril, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, reiteró que «no hay razones jurídicas» para iniciar un juicio con miras a la destitución de Rousseff.
La estatal agencia ABR señaló que el Planalto no se pronunciará sobre la denuncia, mientras la fiscalía analiza las variantes que tiene ante la presentación: archivarla por considerar que no existen elementos suficientes; abrir una investigación para recoger más pruebas; o directamente ofrecer una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia.
Aunque la Corte termine decidiendo investigar a la presidenta, se necesita el respaldo de dos tercios de Diputados para iniciar la acción contra Rousseff, un número que parece imposible de lograr para la oposición.