París.- Amnistía Internacional (AI) reclamó al Gobierno francés no prolongar de forma injustificada el estado de emergencia en el país y criticó las medidas “arbitrarias” adoptadas bajo este régimen de excepción.
Estas restricciones “abusivas” han afectado a “la vida cotidiana, la economía y el empleo” de miles de personas en Francia, según detalla AI en un informe que presenta cerca de 60 casos de afectados.
El Parlamento francés comenzará a debatir la semana que viene sobre el proyecto de ley presentado ayer por el Consejo de Ministros que autoriza la prolongación del dispositivo puesto en marcha tras los atentados del pasado 13 de noviembre.
Incluso si el Ejecutivo demuestra la “necesidad” de ampliar su duración, este régimen debe aplicarse en “el estricto respeto de los derechos humanos”, señaló la presidenta de AI en Francia, Geneviève Garrigos, que invitó al “debate y la reflexión” antes de emprender la reforma.
Los más de 3.200 registros y 400 arrestos domiciliarios -en ocasiones de una “violencia extrema” – emprendidos en los últimos meses solo han generado cinco investigaciones por terrorismo, argumentó AI. Los actuaciones afectaron “en gran parte a musulmanes, en pleno auge de actos anti-islámicos” destacó Izza Leghtas, investigadora de Human Rights Watch (HRW), también presente en la rueda de prensa. Esa situación contribuye a crear “ciudadanos de segunda clase”, consideró.
En ocasiones, las intervenciones estuvieron relacionadas con motivos “vagos”, como haber viajado a un país donde actúan grupos terroristas armados, o “erróneos”. Es el caso de Claire, residente en Meaux, en la periferia parisiense, que fue puesta en arresto domiciliario por vestir el “velo integral” y estar “casada con un islamista”. Dos circunstancias que se revelaron falsas, ya que no portaba esta prenda y vivía separada de su expareja.
Para Issa, musulmán francés de origen argelino, la razón fue el viaje a Siria que había planeado junto a su mujer. Issa intervino en el acto por teléfono para denunciar el registro a su hogar a las cuatro de la mañana, delante de sus hijos, y a la vista de los vecinos, y afirmó estar “endeudado” ya que el arresto domiciliario le impide trabajar.
La política del Ministerio del Interior francés de no desvelar la fuente de sus informaciones convierte la defensa de los afectados en “extremadamente difícil”, por lo que “muy pocos” han conseguido la anulación de estas medidas.
Las prolongación del estado de emergencia hasta el 26 de mayo no implicaría la renovación automática de estas restricciones sobre las personas, algo que necesitaría una nueva evaluación, pero sí permitiría que se sigan produciendo, explicó Leghtas.