Caracas.-En el primer debate, el Parlamento controlado por la oposición votó a favor de la normativa que liberaría a los presos políticos. Tras un segundo debate debería ser promulgada por Nicolás Maduro, quien ya advirtió que la vetará.
El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó una amnistía para políticos presos, en un encendido primer debate en el que el chavismo prometió bloquear la aplicación de la ley, otro foco del conflicto de poderes que afecta al país.
Entre aplausos y gritos de «¡Libertad!» de familiares de los presos, el presidente legislativo Henry Ramos proclamó la aprobación por mayoría de la ley, tras un enardecido discurso contra el gobierno, que cerró más de cuatro horas de discusiones.
«Este gobierno en su agonía no podrá seguirse sosteniéndose de espaldas a la realidad nacional ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen ni que chantajeen», afirmó Ramos Allup, elevando el tono desde la tribuna del hemiciclo, ante de someter la ley a votación.
Minutos antes, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y exjefe parlamentario, había igualmente prometido desde el estrado: «Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada. No va a haber libertad para los asesinos».
Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que se avalará en segundo debate en próximos días. Pero para aplicar esa ley se requiere la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará.
El diputado oficialista Elías Jaua calificó al proyecto como de «amnesia criminal» y dijo que los chavistas desconocían «desde ya» esa ley. «Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio», afirmó.
«A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país», declaró a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández, al señalar que Maduro podría enviarla a revisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al oficialismo.
La amnistía, que busca beneficiar a unos 75 disidentes presos, se aprueba justo dos años después de que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión.
El gobierno la rechaza al asegurar que beneficiará a «terroristas» y «asesinos», como considera a López, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertes.