Asunción, IP.- Las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma presentaron dos imputaciones contra los propietarios de la firma Marite S.A., en el marco de las carpetas fiscales abiertas por la supuesta comisión de estafa a docentes. El Ministerio Público solicitó al juez Rubén Riquelme se implementen medidas cautelares para los imputados.
Los imputados son Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara. Los agentes fiscales pidieron al juzgado que se disponga la prohibición de salida del país para los imputados y la obligación de presentarse ante el juzgado del 1 al 5 de cada mes. Asimismo, se pide que los mismos fijen domicilio en un lugar determinado, con la prohibición de cambiar sin autorización judicial.
Las imputaciones formuladas peticionan además que Jara Acosta y Acosta de Jara presenten una caución real que permita garantizar la reparación del daño y otras medidas que el juzgado considere pertinentes ante el peligro de fuga u obstrucción de las investigaciones.
La primera imputación contra los directivos de Marite S.A., es en la denuncia presentada por María Evangelina Mendieta Araujo, quien señaló que la estafa de la firma se perpetró cuando recibió una oferta de préstamo más un celular marca Blue, que lo podía pagar en cuotas que le serían descontadas a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Agregó que llenó un formulario con el membrete de Marite S.A. donde constaba el descuento, el cual al final de la hoja tenía un pagaré, que formaba parte del mencionado formulario de autorización del descuento.
Luego de esto recibió el monto de 500 mil guaraníes y el celular fue a buscar al local donde funcionaba la empresa en Ingavi de la ciudad de Fernando de la Mora, pero luego nunca le fue descontada la cuota, sino que directamente sufrió un embargo de su salario, a través de un juicio ejecutivo iniciado con el pagaré, desprendido del formulario de autorización del descuento mencionado.
Tanto el MEC como el Banco Nacional de Fomento (BNF) informaron a la Fiscalía que no cuentan con convenios con Marite S.A. para realizar descuentos a maestros.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan que las notificaciones para el reconocimiento de firma, diligenciamiento de embargo ejecutivo y otras diligencias se habrían realizado todas en un domicilio ubicado en Montevideo 571 de Asunción, donde funciona la Dirección de Sueldos y Beneficios del MEC, que por circular no puede recepcionar notificaciones y tampoco es un domicilio real, laboral ni procesal de los docentes o funcionarios del MEC, situación que habría acarreado la indefensión total de los demandados.
La otra imputación fue presentada por el Ministerio Público en la causa abierta tras la denuncia de Jorge Ramón González Cazal, quien es docente del MEC y en su declaración narró hechos muy similares a los declarados por María Evangelina Mendieta Araujo.