Para este miércoles 20 está prevista la instalación del Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), Capítulo Paraguay, organismo que tiene por objetivo desarrollar medios legales en materias ligadas a la seguridad alimentaria y nutricional, como la agricultura familiar y campesina, la alimentación escolar, educación alimentaria y las políticas de protección social.
La iniciativa surgió a raíz de la iniciativa de los senadores Nelson Aguinagalde y Luis Alberto Wagner, quienes, en la sesión ordinaria del 9 de abril de 2015, presentaron ante sus colegas el proyecto de resolución “Por la que se crea e integra el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH)”, aprobado unánimemente por el pleno del Senado.
El FPH busca aglutinar los esfuerzos de los parlamentarios de asambleas legislativas regionales, subregionales, nacionales y locales, y vincularlos con los actores de gobierno, el mundo académico y con la sociedad civil “para promover de manera más eficaz marcos legales que faciliten la construcción de un marco institucional, de políticas y programas públicos que hagan posible la realización del derecho a la alimentación”.
El frente está integrado por un representante de cada una de las Bancadas de la Cámara Alta (Asociación Nacional Republicana (ANR) “Bloque A”; Asociación Nacional Republicana (ANR) “Bloque B”; Avanza País (AP); Frente Guasú (FG); Partido Demócrata Progresista (PDP); Partido Encuentro Nacional (PEN); Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE).
Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH) surgen en el año 2009. Dicho esfuerzo se enmarca en la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH), un compromiso impulsado por los países de la región, con el apoyo de la FAO, para lograr una región libre de hambre en el año 2025.
Hasta la fecha 14 países han conformado los capítulos nacionales de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, con un enfoque de democratización de derechos y de ciudadanía, invitando a los actores públicos y sociales en sus respectivos países a construir espacios de diálogo político para hacer realidad el Derecho a la Alimentación (DA), a nivel nacional y regional.