Asunción, IP.- La Fiscalía señaló este miércoles que el destituido comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, tiene una vinculación directa con el hecho punible de lesión de confianza por haber omitido de verificar el uso correcto de las tarjetas expedidas por Petropar para la provisión de combustible para la Policía Nacional, que ocasionó una pérdida patrimonial a la institución de más de 1.000 millones de guaraníes.
En base a las pruebas reunidas en el marco de la investigación, la fiscalía informó este miércoles sobre la imputación contra el destituido comandante, Francisco Pastor Alvarenga Nuñez, su hijo Francisco Alvarenga Rotela y el exdirector administrativo de la Policía Nacional, Carlos Joel Jara Adorno, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza en calidad de coautores y por la supuesta comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice.
El acta de imputación señala que existen indicios de “una relación o vinculo aparentemente profundo” entre el destituido comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, su hijo, y el suboficial Roberto Osorio en el caso de las irregularidades detectadas con cupos de combustibles que habría ocasionado perjuicio patrimonial de más de 1.000 millones de guaraníes.
El fiscal Federico Espinoza explicó que esta decisión se tomó luego de descubrir que dos vehículos que supuestamente pertenecían al suboficial Osorio, al menos uno de ellos es en realidad de propiedad del hijo del destituido comandante.
Además se descubrió que el suboficial Osorio pagaba por el espacio que ocupaba el automóvil del hijo de Alvarenga en un estacionamiento en el centro de Asunción.
«De acuerdo a las evidencias colectados del lugar, sostenemos la tesis de que esos vehículos fueron ocultados por el suboficial Osorio en esa estacionamiento y pagado por el mismo. Entonces tenemos la fuerte sospecha que el señor Francisco Alvarenga (hijo) es cómplice del hecho punible de enriquecimiento ilícito».
«A raíz de la situación planteada y leyendo detenidamente por la firma Petropar y la Policía Nacional hemos llegado a la conclusión que el comandante de la Policía Nacional (destituido) tiene una vinculación directa con el hecho punible de lesión de confianza», dijo el fiscal.
Añadió que dentro de esa línea también se encuentra el administrador de la Policía, el comisario Carlos Jara Adorno.
El fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, afirmó además las investigaciones en algunos casos afectará a personas que tienen un grado de responsabilidad y un cargo importante en la administración pública, como es el caso particular, pero que eso «jamás va a impedir que el Ministerio Público realice su obligación constitucional de investigar hechos punibles y por sobre todas las cosas aquellas que afectan al patrimonio público».