Asunción, IP.- El asesor de la Presidencia, Marcelo Duarte, informó para Radio San Pedro sobre los antecedentes, vigencia y objetivos que el Ejecutivo tiene con la Ley de Alianza Público Privada (APP). Recordó que es una ley que en todo momento busca el progreso del país, sin poner en riesgo en ninguno de los casos la soberanía del Estado sobre la concesión de obras o servicios.
Representantes de varios sectores sociales, reunidos dentro del Congreso Democrático del Pueblo (CDP) en manifestación realizada en la ciudad de Liberación, departamento de San Pedro, solicitaran la derogación de la Ley de Alianza Público y Privada y la modificación de la Ley de Seguridad Interna.
Las movilizaciones se iniciaron este lunes, bajo la denominación de “lucha prolongada” promovida por varios sectores sociales, en Asunción y en otros 11 departamentos del país, con mitines y cierres de rutas intermitentes en cruces importantes.
Sobre la APP, los campesinos expusieron que la normativa reglamenta la supuesta privatización de obras y o servicios públicos, con el objetivo de beneficiar a ciertos grupos afines al poder, lo que Duarte se encargó de desmentir con fundamentos técnicos sobre la ley vigente.
“Y lamentablemente están muy mal informados o directamente son víctimas de un engaño, porque si hay algo que no se puede decir de esa ley es que se privatizan los bienes del Estado paraguayo. Lo que hace la ley es permitir que en sociedad el Estado con el inversor privado construyan bienes o presten servicios derivados de algunos bienes y en consecuencia se crean mayores infraestructuras para nuestro país”, dijo Duarte.
Señaló que es una manera de equilibrar la falta de presupuesto que tiene el Estado para realizar obras y servicios. Al conseguir el respaldo del sector privado, permite al Gobierno focalizase en políticas públicas sociales como la educación, salud, seguridad, entre otras.
“Pero en ninguno de los casos, estos bienes al terminar el periodo del contrato pasan al particular, estos bienes durante todo ese tiempo, y aún más al terminar el periodo del contrato siempre permanecen como propiedad del Estado paraguayo, nunca hay una privatización, eso no permite la ley, todo lo contrario”, señaló el asesor.
Por último, se reafirma en el concepto que los campesinos están bajo una manipulación política de la situación bajo una supuesta privatización sin ningún fundamento que evidencie esa demanda, ya que según Duarte, hasta ahora no existe una sola persona que argumente fehacientemente que la ley perjudica al país.