San Pedro, IP.- Representantes de sectores sociales, empresariales y políticos participaron este miércoles del panel debate sobre la ley de alianza público-privada organizado por Radio Nacional San Pedro y que se transmitió en vivo por radioemisoras estatales y comunitarias.
En el panel debate, realizado en los estudios de Radio Nacional San Pedro, se escucharon posturas tanto a favor como en contra de la ley. Mientras algunos referentes consideraron la ley como fundamental para el desarrollo de la infraestructura en el país, otros la consideraron inconstitucional y peligrosa para la soberanía del país.
El debate se desarrolló en base a preguntas básicas referentes a la naturaleza de la APP, los eventuales beneficios, su relación con la Constitución Nacional y la diferencia con relación a la privatización.
Uno de los panelistas, el gobernador del departamento de San Pedro, Vicente Rodríguez, consideró que la ley de APP es una herramienta necesaria para la ejecución de obras públicas, habida cuenta de la limitación de recursos que soporta el Estado, que destina la mayor parte de sus ingresos para gastos rígidos. «Es imposible hacer las obras con los recursos del Estado», dijo.
En el mismo sentido se expresó el empresario Juan Bautista Ibañes, quien afirmó que los recursos del Estado están agotados. Señaló que si no se recurre al mecanismo de la APP van a pasar muchas décadas para que el país pueda tener la infraestructura que necesita. Destacó además que este sistema permitirá al país acceder al conocimiento y eficiencia de grandes empresas internacionales.
Por su parte, el representante de la Federación Nacional Campesina, Sixto Portillo consideró que la APP «es una ley de entrega de patrimonio y soberanía» y que es una «falta a la verdad que el Estado no tenga recursos». El dirigente señaló que el problema para el financiamiento de obras se debe a que en el país «no se cobra impuesto a ganaderos y sojeros».
Similar postura expuso Aníbal Díaz, representante del sector social, quien afirmó incluso que «los recursos sobran en el Estado paraguayo». «Si se cobra impuestos a los sojeros, a los grandes terratenientes, impuesto al tabaco, así vamos a tener recursos suficientes. Acá el sector que más gana plata es el sector productor de granos, terratenientes, bancos, y ¿Por qué no se les cobra impuestos como en otros países para tener recursos suficientes?», dijo.
En cuanto a si la ley riñe o no con la Constitución Nacional y la participación que debe tener el Congreso Nacional, el empresario ganadero, Fernando Serratti, presidente de la Comisión de Salud Animal, afirmó que el Congreso tiene que cumplir otro rol, que en este caso ha sido aprobar la ley, y que le corresponde ya el Poder Ejecutivo su aplicación.
Sobre este punto también participó, en comunicación telefónica, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, quien afirmó que en los países donde se ha dado participación del Congreso a los proyectos de APP, caso por caso, la ley no ha dado resultados. «Tenemos una de las mejores leyes que en absoluto es inconstitucional», afirmó.
El ministro también señaló que con esta ley el Paraguay tiene una visión de desarrollo a largo plazo, que podrá mejorar sus índices de desarrollo en infraestructura que actualmente son de los más bajos del continente y ratificó la necesidad de incorporar capital privado para resolver este problema.
Respecto a si la ley implicará privatización, el ministro señaló que los proyectos de APP no implican pérdida de soberanía y que además evita el endeudamiento ya que las inversiones se recuperan mediante el periodo de vigencia de la alianza, que en ningún caso podrá superar los 30 años.
Al cierre del panel debate también participaron varios ciudadanos del departamento que pudieron expresar sus opiniones sobre la ley que está en vigencia en el país desde el 2013.