Asunción, IP.- La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación por los incumplimientos de la Ley en el país, y señaló que el principal obstáculo por el cual atraviesan los propietarios de tierras, es el “ Plan de Acción conjunta para casos de hechos punibles de invasión de inmueble ajeno,” más conocido como Protocolo del Ministerio del Interior.
La ARP, a través de su Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, recibió unos 17 casos de invasión de tierras, algunos de ellos con denuncias por deforestación indiscriminada en bosques nativos. Sin embargo, propietarios no cuentan con garantías ni respuestas eficientes por parte de las autoridades. El caso más importante es el de la Ganadera Pindó S.A., debido a que los invasores se encuentran deforestando de manera indiscriminada una Reserva Forestal de 2.780 hectáreas.
Al respecto, el presidente de dicha Comisión, Miguel Doldán, aseguró que la principal desventaja por la que atraviesan los propietarios de tierras es el protocolo que deben cumplir frente a invasiones (desde el 2012). Señaló que más bien es un estatuto para garantizar la violación de las leyes, y garantiza el atropello tanto a propiedades privadas como estatales. Esto impide que, en la práctica, se lleven a cabo los desalojos y la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños, por el gran obstáculo burocrático de notificar a un sinnúmero de instituciones antes de realizar procedimientos policiales, indicó.
Sobre el “protocolo,” Doldán aclaró que no desean la eliminación de dicho documento, pero que sin embargo, plantean lograr una flexibilización de la burocracia, para brindar mayores garantías a los legítimos propietarios y que los procesos de restitución se realicen de manera más instantánea.
Afirmó que además existe un nuevo “ Instructivo No. 7 de fecha Junio del 2015” de la Fiscalía General del Estado en donde se estipulan los “procedimientos”, en salvaguarda de los derechos de varios actores involucrados, “obviando y pisoteando los derechos del propietario”.
Comento también …..“¿Qué pasa si mañana esta gente entra a un supermercado o a un shopping y reclaman el terreno?, la policía probablemente los expulsará a la fuerza del lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un supermercado y un establecimiento ganadero? ¿Por qué un establecimiento agrícola, agroforestal o una Reserva privada debe cumplir un protocolo en casos de invasión ilegal? ¿Por qué mejor no aplicamos ese mismo protocolo a todo el país y en todas las situaciones?”, fueron los cuestionamientos planteados por el alto Directivo de la ARP.
Presión política
Doldán aseguró que el foco del problema radica en la política, con ciertos políticos que aparentemente se encuentran detrás de estos atropellos injustificados e ilegales. Explicó que inclusive en algunos casos, se han documentado con fotos y grabaciones, la participación de algunos parlamentarios en casos de invasiones de tierras registrados en diversas partes del país, quienes alegan cumplir su función de “atender los reclamos sociales”.
Aseveró además que existe una presión ejercida por políticos sobre las instituciones encargadas de hacer cumplir la Ley, entre ellas el Poder Judicial, Fiscalía y la Policía Nacional, que son los brazos ejecutores de la orden del Juzgado, lo que impide ejecutar sanciones y consumar lo que dicta la Ley.