Asunción, IP.- El Poder Ejecutivo, reglamentará en los próximos días la Ley Nº 5513 que introduce importantes reformas en el impuesto inmobiliario, en ese sentido, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) estima que, de ser bien aplicadas estas reformas en el ámbito municipal, las recaudaciones podrían aumentar en 60 millones de dólares durante el 2016.
En octubre de 2015, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 5513 que introduce importantes reformas en el impuesto inmobiliario, establece mecanismos para mejorar la calidad del gasto público municipal y fortalecer la capacidad de gestión fiscal de los municipios del país. El PE pondrá en vigencia en los próximos días el decreto por el cual se reglamenta esta Ley.
Un avance importante orientado a mejorar la calidad del gasto público municipal es que la Ley 5513/15 prevé que las recaudaciones del impuesto inmobiliario podrán ser destinados solamente hasta un 40 por ciento en gastos corrientes, mientras que los restantes 60 por ciento deberán ser destinados a financiar proyectos de desarrollo comunitario con impacto económico y social.
La reforma del impuesto inmobiliario afecta únicamente a las tierras rurales y tiene dos objetivos. En primer lugar, busca reducir la brecha entre el valor fiscal de los inmuebles rurales respecto a su valor de mercado. En segundo lugar, en el marco de una política social, busca reducir la inequidad asociada a la excesiva concentración de tierra en el país.
En cuanto al objetivo de reducir la brecha entre el valor fiscal y el valor de mercado, en la actualidad ambos valores están totalmente divorciados. Como ejemplo se puede citar las tierras rurales del Municipio de Mariscal López de Caaguazú, donde el valor fiscal de una hectárea equivale a 45 dólares, mientras que su valor mercado es de 2.000 dólares. En este caso en particular, el valor fiscal de la tierra representa solo el 2,3 por ciento del valor de mercado.
La brecha entre el valor fiscal y el valor de mercado genera una distorsión que afecta la capacidad de gestión fiscal de los municipios. En el caso de las tierras del distrito de Mariscal López, si la municipalidad cobra el impuesto usando como base el valor fiscal, recibiría en concepto de impuesto inmobiliario 0,5 dólares por cada hectárea de tierra, pero si usa como base el valor de mercado llegaría a recaudar 20 dólares por cada hectárea, con lo cual obtendría 40 veces si usa como base un valor que se aproxime al de mercado.
En relación al segundo objetivo (reducción de la inequidad), a nivel mundial Paraguay es la nación con mayor grado de concentración de la tierra. Pero, a pesar de que en los municipios del interior existen grandes extensiones de propiedad rural que generan el 24,7 por ciento del Producto Interno Bruto del país (agrícola, ganadería y forestal), los propietarios de estas tierras aportan a los municipios tan solo 10 por ciento del impuesto inmobiliario, el 90 por ciento restante del impuesto inmobiliario aportan los dueños de las pequeñas parcelas ubicadas en el sector urbano.
Con la vigencia de la Ley N° 5513/15, el Poder Ejecutivo podrá ajustar el valor fiscal de las tierras rurales hasta cuatro veces su valor actual. Esta modificación se aplicará por única vez (año 2016) y afectará exclusivamente a las tierras rurales, dado que son estas tierras las que registran una gran divergencia entre el valor fiscal y el valor de mercado. A partir del año 2017, las tierras rurales volverán a ajustarse conforme a la tasa de inflación que reporte el Banco Central del Paraguay, señala el Ministerio de Hacienda.