Asunción, IP.- La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), advierte que la reciente medida de flexibilización para la importación de granos de soja adoptada por Argentina podría perjudicar fuertemente la industria paraguaya, pudiendo causar desabastecimiento y paralizar todos los planes de expansión en estudio y cualquier otro potencial emprendimiento.
Asimismo, la Cappro señala mediante un comunicado, que otro de los posibles efectos negativos de esta medida argentina, se sumaría la disminución de los volúmenes de productos procesados a exportar, afectando el flujo logístico constante y durante todo el año de las empresas de transporte terrestre y logística fluvial.
“Esperamos que nuestro País tome las medidas necesarias para permitir que se generen y mantengan los puestos de trabajadores calificados que actualmente estamos empleando, que se propicie el agregado de valor de la producción dentro de las fronteras del país y se permita el crecimiento de otros emprendimientos agroindustriales de estrecha relación a nuestro sector.
“Necesitamos competir en igualdad de condiciones con las industrias del vecino país” remarcaron los directivos de la Cámara. Cabe recordar que en los últimos cinco años se ha invertido más de 450 millones dólares en instalaciones industriales; generando empleo a más de 5,600 trabajadores en total; 1,400 de manera directa en las plantas y 4200 de manera indirecta en las empresas de servicios y mantenimiento anexas. Además, el sector industrial, realiza más de 21,500 millones de Guaraníes al año de aportes directos al Instituto de Previsión Social (IPS).
La industrialización en Paraguay ha generado una mayor diversidad de productos para exportar, a mejores precios y más destinos; generando impacto directo en las economías regionales de ciudades como Villeta y Capiatá en el Departamento Central, Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú, Minga Guazú en el Departamento de Alto Paraná, Coronel Bogado y Bella Vista en el Departamento de Itapúa.
El Gobierno argentino decidió flexibilizar la importación temporaria de soja y abrió una polémica entre referentes del mercado de granos. Por un lado, hay quienes dicen que la medida tiene como objetivo presionar a los productores que no venden sus granos pese a la devaluación del peso y a la baja de retenciones; por el otro, están quienes creen que se trata de volver a usar un mecanismo que se prohibió en 2009 y que en 2012 se restituyó en forma parcial, señala el medio argentino lanacion.com.ar
En una resolución conjunta de los ministerios de Producción y de Hacienda, se estableció la exclusión de exportadores del Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA). Ese registro había sido creado en 2012 por el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para determinar cuáles eran los exportadores autorizados a importar soja bajo el régimen de admisión temporaria, que había sido derogado en 2009.
Por la admisión temporaria, la industria aceitera podía importar soja en grano desde Paraguay y Bolivia sin pagar aranceles, para transformarla en harinas, aceites y biodiésel, entre otros productos.
En 2009 se derogó ese régimen como parte del enfrentamiento entre Echegaray y la industria oleaginosa, a la que acusaba de evadir el pago de derechos de exportación cuando el Gobierno decidió aumentarlos en noviembre de 2007 de 27,5 a 35 por cietno Los exportadores se defendieron con el argumento de que se habían adaptado al marco legal. La mayoría reintegró la diferencia como lo ordenó la ley Martínez Raymonda, según dijeron.
En 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner necesitaba que los exportadores liquidaran sus divisas, se repuso el régimen de admisión temporaria aunque con la creación del ROSA, del que excluía a las empresas que tuvieran problemas con el fisco.