Rio de Janeiro.-Las apuestas ya comenzaron: 90 o 120 días, señalan los más aventurados; otros le dan tiempo hasta después de los Juegos Olímpicos de agosto en Río de Janeiro, o de las elecciones municipales, en octubre; a lo sumo, hasta diciembre.
Lo cierto es que, con la condena judicial al empresario Marcelo Odebrecht, una de las piezas clave del esquema de corrupción en Petrobras, cada vez son menos las personas que confían en que la presidenta Dilma Rousseff logre sobrevivir el escándalo y advierten que el riesgo de que su mandato termine este año se ha vuelto muy alto.
«La dura condena a Odebrecht lo acerca a aceptar pronto un acuerdo de delación premiada con la justicia, y eso sería lo que falta para cerrar el círculo de la red de sobornos y desvíos en Petrobras. Si hay alguien que tiene información para empujar al precipicio a Dilma y a su mentor, Luiz Inacio Lula da Silva, es Odebrecht», señaló a LA NACION Paulo Kramer, de la Universidad de Brasilia.
Numerosos ex directivos de Petrobras y ejecutivos de grandes constructoras que pagaban las coimas en el esquema para asegurarse contratos con la petrolera ya llegaron a acuerdos de delación premiada. Estos «arrepentidos» han permitido que el colosal caso que lleva el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, avanzara a un ritmo nunca antes visto en Brasil. Y en el camino ha despertado un fortísimo tornado político que ha golpeado varias veces al oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y al gobierno, desgastado por la crisis con sus aliados y por la aguda recesión económica.
Hasta ahora, las denuncias más graves contra la presidenta han sido las reveladas en el supuesto acuerdo de delación que negocia el senador petista Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta. Según documentos publicados por la prensa, Amaral afirmó que tanto Rousseff como Lula estaban al tanto de la red de corrupción en Petrobras y aseguró que ambos intentaron bloquear las investigaciones judiciales. Si Odebrecht firmase un acuerdo de delación que corroborara esas acusaciones (los arrepentidos tienen que presentar pruebas de sus dichos), la salida de Rousseff sería inminente.
La presidenta ya enfrenta un proceso de impeachment en el Congreso por manipulación de las cuentas fiscales para presuntamente ocultar el déficit. Aunque la iniciativa de la oposición fue descarrilada en diciembre por la intervención del Supremo Tribunal Federal (STF), los partidos opositores ya han dado los primeros pasos para reiniciar el embate hacia el juicio político esta semana, impulsados por la citación forzada de Lula a declarar, el viernes pasado.
Asimismo, Rousseff está en investigación en el Tribunal Superior Electoral (TSE) por denuncias de supuestos abusos de poder político y económico durante la campaña por la reelección en 2014, acusación a la que la oposición ha agregado sospechas de que fue en parte financiada por desvíos del petrolão. Una condena en esta corte anularía la fórmula presidencial Rousseff-Temer y el Congreso debería convocar a elecciones dentro de los 90 días (siempre y cuando el desenlace ocurra antes de la mitad del mandato, a fines de diciembre; si sucede el próximo año, el reemplazante sería elegido indirectamente por los parlamentarios).
«Dilma está en una situación cada vez más frágil; es difícil prever lo que pueda suceder, pero ninguna de las opciones más claras por delante es positiva para ella y su gobierno», indicó a LA NACION el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias.
El camino se aclarará en los próximos días. El sábado, el PMDB celebrará su convención, en la que se espera que, debido al agitado ambiente político, se declare independiente del gobierno. No rompería con la coalición gubernamental para no complicar la posición del vicepresidente Temer, pero esta decisión dejaría a sus legisladores libres para votar a favor del eventual impeachment.
El domingo llegará la prueba de fuego. Para ese día ha sido convocada una «megamanifestación» contra Rousseff en todo el país. Si las calles son inundadas de gente, la suerte de la presidenta estará echada.
Distanciada del PT por la política económica que impulsó en este segundo mandato, Rousseff ni siquiera contaría con el apoyo partidario suficiente como para hacer frente a una gran movilización popular a favor del impeachment. El partido ya dejó ver la semana pasada que su prioridad es defender a su máximo líder, Lula, preservar su legado político e intentar mantenerlo como un candidato para disputar las elecciones de 2018. Rousseff está en un segundo plano.