Asunción, IP.- El doctor Jorge Bogarín, uno de los abogados del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, afirmó que su defendido no tiene intenciones de renunciar al cargo y que el equipo jurídico buscará aclarar las acusaciones presentadas por los diputados, en el marco del juicio político.
Este miércoles los fiscales acusadores, los diputados Ramón Romero Roa y Miguel del Puerto, expusieron en el Senado el libelo acusatorio contra el mencionado ministro de la máxima instancia judicial, culpado por mal desempeño en sus funciones.
Los defensores escucharon las acusaciones y al término de la sesión Bogarín explicó que trabajará en la defensa jurídica y el doctor Horacio Galeano Perrone en la estructuración de la parte política.
“Ahora hemos escuchado los argumentos de los fiscales acusadores y para el día 26 de abril vamos a diligenciar nuestras pruebas y dar las explicaciones correspondientes. El mandato que hemos recibido del ministro es buscar aclarar estas acusaciones, no hay ninguna intención de presentar renuncia”, explicó Bogarín al término de la sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores.
Afirmó además que independientemente si se colectan o no los votos necesarios para la destitución, “nosotros vamos a ejercer en forma responsable el derecho a la defensa que tenemos todos los ciudadanos”.
Dijo que analizarán todas las documentaciones presentadas por los acusadores y exponondrán acabadamente el día 26 de abril.
“Nosotros estamos encontramos algunas deficiencias que vamos a desarrollarla en el curso de estos días y fundamentalmente el día 26, que nos toca ejercer la defensa”, refirió.
La Cámara de Diputados aprobó en diciembre del 2014 de juicio político a los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. El primero primero en sentarse en el banquillo de los acusados es Blanco.
La Cámara de Senadores conformó este miércoles el Tribunal de Sentencia con 27 legisladores presentes y posteriormente fueron presentadas las acusaciones parte de los fiscales.
Son nueve las causales por la que se le enjuicia y son: la pérdida de la honorabilidad y dignidad, al utilizar el engaño para acceder al cargo; fallo contra la Constitución y el interés general en el caso de tripolifostato.
Igualmente es acusado por la declaración de certeza constitucional; compraventa de tierras públicas; ignorancia de la ley, aplicando una normativa derogada; maniobras para impedir la intervención de la Contraloría General de la República en el control de los gastos e inversiones del Poder Judicial; recurso de revisión que rebaja de 23 a 9 años; ineficaz ejercicio de la función de Superintendencia y la remoción del juez Atilio Saguier.
El ministro será llamado para su defensa para el 26 de abril.