Asunción, IP.- La Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República del Paraguay y el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP), presentarán este jueves 12 de mayo el informe final del proyecto de Reorganización Normativa, elaborado por ambas instancias, con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El libro contiene el Reglamento para la elaboración de textos normativos y el informe con el reordenamiento de más de 1500 cuerpos normativos que rigen el comercio y las inversiones, como emprendimiento piloto para el proyecto de reordenamiento jurídico paraguayo.
La presentación se realizará el jueves 12 de mayo, a las 11 hs. en el Teatro del Hotel Guaraní y asistirán al acto autoridades nacionales, representantes y embajadas del extranjero, juristas, académicos, empresarios y estudiantes de derecho.
José Antonio Moreno Rodríguez, presidente del CEDEP y uno de los articuladores del proyecto, explicó que este reglamento será de uso obligatorio mediante decreto que será aprobado por el Poder Ejecutivo, para todas sus dependencias.
Según indica Moreno Rodríguez, en el proceso de trabajo estuvieron involucrados los integrantes jurídicos de las distintas dependencias del Ejecutivo, más de 400 personas entre autoridades y funcionarios públicos su mayoría por paraguayos. Analistas, documentalistas, informáticos, estudiantes de derecho han trabajado intensamente durante ocho meses.
Para su elaboración se han tomado alrededor de 1.500 cuerpos normativos del Ministerio de Industria y Comercio, se hizo un exhaustivo análisis y reordenamiento de las normas apoyados con la metodología que utiliza la UBA, donde descubrieron que sólo 1.043 normas estaban vigentes.
Depurar normas que no se encuentran vigentes
Este proyecto de reordenamiento jurídico busca, en su fase piloto, ordenar el caos jurídico, incertidumbre, desconocimiento de la ley, normas contrapuestas o mal formuladas, contradicciones, falta de certeza, confusión, desorden jurídico y lagunas legales, ante los cuales se encuentran el ciudadano común, las propias autoridades, empresas y los profesionales en todos los ámbitos al momento de querer conocer y ejercer sus derechos y obligaciones
Este estado de incertidumbre genera una inseguridad jurídica que repercute de manera directa en la vida de todas las personas, violándose de esta manera el derecho de acceso a la información, lo que afecta a la calidad institucional del país, lo que muchas veces imposibilita el ejercicio de los derechos e implica un debilitamiento del Estado de Derecho.
Otro objetivo del proyecto es depurar las normas que ya no se encuentran vigentes y reordenar las que sí, de manera a presentar un cuerpo normativo completo y ordenado, lo que constituye un importante y trascendental primer paso para lograr el objetivo final: el reordenamiento jurídico de todo el país.