Asunción, IP.- El Ministerio de Justicia y la Circunscripción Judicial del departamento Central lanzaron este lunes un plan piloto que busca acelerar los procesos judiciales de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Buen Pastor. En la ocasión fueron atendidas 14 causas, lográndose la libertad de 6 internas que se encontraban en el lugar.
La iniciativa, que es el producto de una mesa interinstitucional de justicia que involucra a todos los órganos de justicia del país, arrojó una interna con criterio de oportunidad (libertad), una abreviado con suspensión (libertad), 5 condenatorias a 5 años, 2 aperturas a juicio, una suspensión porque la abogada retiró antes del inicio de la audiencia y 4 libertades de la jueza de ejecución Silvana Luraghi.
La conformación de la mesa de trabajo fue a fin de generar ideas en el mejoramiento y agilización de los procesos judiciales con el nuevo código de ejecución penal. El plan piloto es realizado en el marco de un memorándum de entendimiento firmado entre la Circunscripción Judicial del Departamento Central y el Ministerio de Justicia.
La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, manifestó que a través de la iniciativa se pretende descongestionar 265 causas que corresponden al Departamento Central, y resaltó el fruto del trabajo coordinado entre los órganos de justicia que redundaran en beneficio de las personas privadas de libertad.
“Con este proyecto estamos mostrando acciones concretas para solucionar el problema de fondo que afecta al sistema de justicia en Paraguay, que es la indefinición de los procesos judiciales. Acá tenemos jueces que vinieron a realizar las audiencias, también se encuentran los fiscales y los abogados solidarios”, expresó la secretaria de Estado.
Por su parte, la doctora María Teresa González de Daniel, presidenta de la circunscripción judicial de Central, sostuvo que la ejecución del plan no implica necesariamente la libertad de las mujeres privadas de libertad.
“Este plan está ideado a los efectos de agilizar los procesos penales, eso no implica la libertad de las personas, sino que las personas tendrán la posibilidad de definir su condena, ya sea una condena u otra salida alternativa que permita el proceso, menos estar privada de libertad sin condena”, manifestó la magistrada.