Asunción, Agencia IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo informaron de la finalización del proyecto de ley para crear la Superintendencia de Pensiones, y que será presentado este martes al Congreso Nacional. La particularidad del proyecto es la participación de todos los sectores involucrados en su redacción.
Participaron representantes del Ejecutivo, de gremios empresariales, de centrales obreras reconocidas y de cajas de jubilados, en lo que es «un momento histórico» para «un consenso pleno 100%», dijo el ministro de Economía, Carlos Fernández, este lunes.
La superintendencia estará regida por un Consejo de Seguridad Social conformado por representantes de todos los sectores: de trabajadores y jubilados serán elegidos por elección directa, del sector empresarial serán elegidos por la Feprinco y por el Gobierno estarán los ministros de Economía, de Trabajo y el presidente del Banco Central.
Este consejo «va a determinar los límites» de las inversiones y utilización de los recursos de las distintas cajas jubilatorias y de pensiones. «Se dan amplias facultades para que cada caja tenga administración propia», dijo el ministro Fernández.
Su aplicación tomará tiempo, adelantó, entre 24 a 36 meses, debido a la necesidad de capacitar a los representantes de las distintas cajas de jubilaciones y pensiones, así como a los representantes que integrarán el Consejo de Seguridad Social.
Al ser consultado sobre la Caja Fiscal que se encuentra en déficit, el titular de Economía señaló que se requerirá otro proyecto de ley a su debido tiempo para garantizar la sostenibilidad de las distintas cajas jubilatorias que la componen.
Acuerdo para reforma de seguridad social
Además del proyecto de ley, los distintos sectores firmaron un compromiso para iniciar un análisis para la reforma del sistema de seguridad social en el Paraguay.
La intención es contar en el país con un sistema de seguro social universal, con un mayor acceso para los trabajadores.
Para la firma del acuerdo se reunieron este lunes con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro Fernández, la ministra de Trabajo Mónica Recalde, el procurador general Marco González, y representantes de gremios empresariales, de centrales obreras y de grupos de jubilados.