Convenio permite a funcionarios de la Policía Nacional reestructurar deudas y acceder a Che Róga Porã

Asunción, Agencia IP.- Mediante la firma de dos convenios entre la Policía Nacional, el Banco Nacional de Fomento y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, más de 34.000 funcionarios de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior podrán reestructurar deudas y acceder a los beneficios del programa Che Róga Porã, para la compra de la vivienda propia.

Los convenios fueron firmados este jueves por el ministro del Interior, Enrique Riera, el comandante de la Políca Nacional, Carlos Benítez, el presidente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochipintti, y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

«Este convenio va a permitir que los funcionarios del Mininsterio del Interior y de la Policía Nacional puedan tener la posibilidad del acceso a un financiamiento para la compra de la casa propia, a una tasa de 6,5% y a un plazo de hasta 30 años», dijo el ministro Baruja.

Destacó que estas características del crédito permiten a los beneficiarios pagar montos similares o inferiores al precio del alquiler, y que las cuotas son invariables en todo el tiempo que dura el préstamo.

Así también, los funcionarios que tengan deudas acumuladas y les resulte difícil optar por acceder al programa Che Róga Porã, el convenio firmado con Banco Nacional de Fomento (BNF) les proporciona una línea de crédito a una tasa del 14% para la recomposición de deudas a un plazo de hasta siete años. «Esto facilita poder acceder a un crédito para la vivienda», dijo el presidente del BNF.

El banco público es actualmente el principal facilitador de créditos dentro del programa Che Róga Porã 2.0. «hoy el 60% de los créditos que se están otorgando dentor del programa Che Róga Porã es a través del BNF y esa participación va creciendo, creemos que para fin de año va a llegar a más del 70%», dijo Ochipintti.

El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó que «miles de familias van a recibir esta buena noticia» y subrayó que «el Estado se ocupa de los suyos», ya que son más de 34.000 policias y cerca de 250 funcionarios del Ministerio del Interior los potenciales beneficiarios.