Asunción, Agencia IP.- La clausura de la Fase 2 del Programa Stand en Paraguay, se realizó con un ejercicio real interinstitucional de disposición final de 27 mil litros de ácido sulfúrico y clorhídrico incautados en varias causas judiciales, almacenados por años en depósitos de distintas instituciones.
Este procedimiento representa un paso clave para eliminar riesgos latentes para la salud y el medio ambiente, y marca un hito en la gestión responsable de sustancias peligrosas en el país.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con soporte de la Digemabel y el apoyo de varios organismos nacionales, cerró la segunda etapa de capacitaciones del Programa Stand, orientada a reforzar la preparación y respuesta ante emergencias con sustancias químicas peligrosas.
Durante cuatro días, 40 funcionarios de instituciones como Senad, Digemabel, Ministerio Público, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay participaron de un entrenamiento técnico que incluyó identificación y minimización de riesgos químicos, procedimientos seguros de respuesta ante incidentes, selección y uso correcto del equipo de protección personal.
A lo largo de la semana se desarrollaron jornadas de capacitación con especialistas extranjeros, hasta la fase final del programa.
Esta labor conjunta reduce riesgos ambientales y de salud, y fortalece la capacidad operativa del Paraguay para proteger la vida, el entorno y la seguridad pública. El enfoque interinstitucional del Programa Stand asegura una respuesta coordinada y eficaz frente a amenazas químicas, alineada con estándares internacionales.
El programa Stand de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuyas siglas en inglés significan Solutions, Training & Advice for Narcotics Disposal (Manejo Seguro y Eliminación de Drogas Incautadas y Precursores Químicos), es una iniciativa regional que busca fortalecer las capacidades institucionales para la disposición segura, eficiente y ambientalmente responsable de drogas ilícitas, precursores químicos y sustancias fiscales, detalló la Senad.