Asunción, Agencia IP.- El abogado Ricardo Preda, representante legal del presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que la denuncia presentada en la víspera por un grupo de legisladores está basada en suposiciones y hechos que no tienen una relevancia penal. Sostuvo que los supuestos indicios mencionados no permite inferir ningún hecho punible atribuible al mandatario.
En conferencia de prensa, el abogado informó que recibió las instrucciones del presidente de la República de atender en el caso de la denuncia presentada ayer jueves por un grupo de legisladores ante supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, entre otros.
En primer término, el abogado afirmó que la denuncia adolece de inconsistencia, ya que el acrecentamiento patrimonial que se denuncia del presidente se dio en una época en que éste no ejercía ninguna función pública.
«Los hechos corroborados son, uno que tuvo un acrecentamiento patrimonial y otro es que estaba en la actividad privada. De esos dos hechos corroborados no se permite inferir ningún hecho punible, por lo tanto no se da el presupuesto que establece la ley para abrir una investigación penal», dijo el abogado.
«Denunciar que alguien acrecentó su patrimonio en el sector privado no tiene ninguna relevancia penal», añadió.
Respecto al supuesto lavado de dinero, el abogado consideró «temerario decir que uno puede lavar dinero por tener acciones minoritarias dentro una sociedad que luego adquiere otra empresa que tiene a un directivo, que cuatro años después fue imputado por lavado de activo a través de otra empresa» que no tiene nada que ver con la empresa en la que tuvo acciones el presidente.
«Me parece extraño que legisladores incluso algunos formados en el campo jurídico afirmen hechos que no tienen ninguna relevancia penal», reiteró el abogado Preda.
En cuanto al presunto tráfico de influencias, sobre la base de sus participaciones en Ueno Holding, el abogado recordó que el presidente ya no tiene acciones en esa firma y que en las licitaciones donde se le atribuye supuesto tráfico de influencias «en ninguna de esas licitaciones el que define la cuestión es el presidente».
«Hacer una denuncia sobre la base de suposiciones no es acorde a un Estado de derecho, una investigación penal no se puede abrir sobre la base de lo que yo supongo y peor aun si mis suposiciones se basan en hechos que ni siquiera tienen relevancia penal», reiteró Preda.
El abogado indicó que el Código Procesal es claro en el sentido de que para abrir una investigación penal tiene que haber indicios fácticos suficientes de la comisión de un hecho punible, presupuesto que no se da en ninguno de los supuestos hechos atribuidos al presidente Peña.