Asunción, IP.- Como parte de los controles administrativos para identificar a beneficiarios de la pensión de adultos mayores con un patrimonio incompatible con la situación de pobreza, la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) realizará desde agosto próximo cruces de información con los registros del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa).
Esta será la primera acción que se realizará dentro del proceso de actualizaciones para mejorar la selección de beneficiarios del Programa, así como los controles de requisitos sobre quienes ya cobran sus pensiones.
El cruce de información se aplicará desde agosto próximo con los registros del Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa), que proveyó a la institución una base de datos a nivel individual de tenencia de ganado.
Con el cruzamiento de la información se excluirá a aquellos beneficiarios que posean un patrimonio ganadero inconciliable con la condición de pobreza.
Estas exclusiones se realizarán de manera gradual a partir de julio (empezando por quienes poseen un patrimonio mayor), de forma tal a mejorar el esfuerzo fiscal destinado al pago de la pensión. Del mismo modo la información proveída por SENACSA será incorporada al instrumento de selección de beneficiarios.
Siendo que la pensión está orientada a personas de 65 años y más que se encuentran en situación de pobreza y no poseen ingresos laborales o de seguridad social (además de otros requisitos administrativos) resulta fundamental usar la información disponible para llegar con los recursos fiscales a quienes son sus legítimos beneficiarios.
Se espera que la aplicación de este enfoque de precisión permita optimizar la inversión social que realiza el Ministerio de Hacienda a través de esta pensión. Cada mes se destinan más de 75.000 millones de guaraníes al pago de la pensión, cuyos beneficiarios se encuentran en los 254 distritos del país.
Datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda detallan que la expansión del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza (Ley N° 3728/2009) llegó a los 178.163 incluidos en mayo de 2017, hecho que plantea importantes desafíos en su administración.