Asunción, IP.- El actuario del juzgado de paz de Mariano Roque Alonso, Paulino Rodríguez Cuevas, fue imputado por la Fiscalía por producción de documentos públicos de contenido falso luego las investigaciones iniciadas sobre la denuncia presentada por una docente que dijo haber sido estafada por Comercial San Patricio S.A.
Las fiscales Teresa Sosa y Lorena Ledesma solicitaron al juzgado la prohibición de salida del país de Rodríguez Cuevas, además de que se ordene la prohibición de que se acerque al juzgado de paz en lo civil y comercial de Mariano Roque Alonso, la fijación de un domicilio, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y la prestación de una caución personal o real adecuada.
La docente María Emilce Alvarenga de Godoy, con domicilio en Yby Yau, departamento de Concepción, denunció que había sido demandada por Comercial San Patricio S.A. por la suma de 5.355.000 guaraníes. La imputación señala que el 14 de octubre de 2014, el actuario Rodríguez Cuevas, habría diligenciado la cédula de notificación dirigida a Alvarenga de Godoy.
La cédula registraba como dirección de la demandada 1- Yby Yau – Concepción, 2- General Díaz y Montevideo, 3- Iturbe y Simón Bolívar, por medio del cual el juez de paz de Mariano R. Alonso dictó la providencia del 7 de octubre de 2014, teniendo por iniciado el juicio y citando a la demandada para que comparezca ante el juzgado.
La imputación agrega que al dorso de la cédula el actuario informó que “en fecha 14 de octubre de 2014 a las 15:00 se presentó en el domicilio indicado en autos para notificar lo que antecede, donde no fue atendido por ninguna persona por lo que procedió a adherir a la puerta de acceso la cédula de notificación en el informe, según el actuario judicial.
La docente Alvarenga de Godoy declaró ante la Fiscalía que su domicilio real está ubicado en calle N° 1, callejón de Nuestra Señora de la Asunción, barrio Nuestra Señora de la Asunción, a cinco kilómetros del distrito de Horqueta y que no recibió cédula de notificación ni mandamiento de embargo ejecutivo relacionado a ninguno de los mencionados juicios y que no fija domicilio en las direcciones citadas.
La Fiscalía tomó conocimiento de que la dirección General Díaz y Montevideo de Asunción corresponde a la Dirección de Administración de Sueldos y Beneficios del Ministerio de Educación y Cultura y que por circular N° 05/04 del 5 de marzo de 2014, la citada dirección no recibe notificaciones o cédulas de notificaciones de juicios en ningún caso.
Para el Ministerio Público las actuaciones realizadas por el actuario judicial no coincidirían con la realidad, debido a que la notificación practicada no fue realizada en el domicilio de la demanda, ni tampoco en su domicilio laboral o procesal, es más, el informe del actuario no especifica en cuál de las tres direcciones obrantes en la cédula de notificación supuestamente realizó la diligencia.