Asunción.- La asociación paraguaya Panambí anunció este lunes que puso en funcionamiento un centro de recepción de denuncias por violencia hacia la población transexual, con énfasis en las mujeres, con el que se pretende documentar los casos, fortalecer las acciones legales y ofrecer asesoría jurídica a las víctimas.
De esta forma, se espera que las mujeres transexuales pierdan el miedo o las reticencias a la hora de denunciar y contribuya a contabilizar los casos reales de violencia, ya que se estima que un 60 % de estas acciones no se reportan.
Las activistas de Panambí denunciaron durante una rueda de prensa que el Estado no cuenta con «información real en cuanto a datos de violencia hacia personas trans», por lo que confían en que este proyecto visibilice y ofrezca unos números reales.
Una de los integrantes de la organización, Yrén Rotela, avanzó que el año pasado se documentaron 50 casos de violencia, y en lo que va de 2018 la cifra se ha situado en 30, por lo que no descartan que en diciembre ese número supere al de 2017.
«Queremos que las compañeras se fortalezcan, queremos que ellas denuncien. Ya que tienen miedo a ir a la comisaria o a la Fiscalía, que vengan junto a nosotras, que nosotras vamos a hacer todo lo posible para encaminar», expresó Rotela.
Ese miedo a denunciar se fundamenta, según explicaron desde Panambí, en el hecho de que la violencia procede en muchos casos de los propios policías, por lo que temen volver a encontrarse con ellos en la calle, donde ejercen el trabajo sexual.
En este sentido, el abogado Diego Molinas, asesor jurídico del centro, precisó que con este proyecto «se abre un nuevo medio de denuncia».
«No solamente la Policía o la Fiscalía van a ser centro de denuncia, sino también Panambí se convierte en una vía más de denuncia de violaciones de personas trans», manifestó Molinas, quien insistió también en que estas denuncias servirán para dar más precisión a los datos.
Panambí estima que el mayor número de agresiones se produce en Asunción y en el departamento Central, en concreto en San Lorenzo y Capiatá, dos localidades próximas a la Capital.
«Es donde más están ejerciendo el trabajo sexual las compañeras y donde hay más concentración porque justamente en el interior del país son más discriminantes y salen de eso», dijo en declaraciones a Efe la presidenta de Panambí, Vicky Acosta.
Asimismo, Molinas precisó que desde la asociación han percibido que algunos funcionarios no respetan una resolución del Ministerio de Salud que obliga a tratar por su nombre a las personas transexuales.
Además, expuso que existe «mucha discriminación de la Policía, que en ciertos sectores trabajan como proxenetas y sacan la recaudación a las chicas».
Respecto a la relación que se establece entre los agentes, las agresiones y las transexuales, el abogado insistió en que debe respetarse una «protección integral» de las víctimas y los testigos.
Las activistas de Panambí también recordaron hoy el caso de Romina Vargas, una transexual que fue asesinada en octubre de 2017 en la ciudad de San Lorenzo.
«La persona que hizo el asesinato declara que lo hizo por odio. Nosotras estamos pidiendo a las autoridades que esto vaya a un juicio oral, no pueden seguir impunes los asesinatos, no estamos pidiendo otra cosa que no sea justicia y queremos creer en la Justicia», clamó Rotela en rueda de prensa. EFE