Asunción, IP.- La Asociación Panambi presentó este miércoles su informe anual sobre la situación de violencia que registra en el país el colectivo de transexuales, travestis y transgéneros, siendo un constante las amenazas, la discriminación, violencia física y verbal, el nulo acceso a salud y la privación ilegítima de libertad, entre otros, según el reporte.
La representante de la Asociación Panambi, Mariana Sepúlveda, manifestó que el actual informe es el segundo que se realiza para medir la violencia existente por parte de civiles e instituciones del Estado contra el colectivo de transexuales, travestis y transgéneros.
Sostuvo que las denuncias en el 2017 ascendieron a 1.000, y son muy comunes las realizadas en el ámbito de la salud. «Cuando las compañeras van a consultar, no se respeta el derecho a no dar su identidad o a respetar su identidad social», afirmó.
«En la zona de trabajo sexual hay compañeras que reciben amenazas por parte de la Policía Nacional y son obligadas a pagar coimas, no le dejan trabajar. Hay que recordar que el 80% ejerce el trabajo sexual por no contar con otras opciones para ganarse la vida y ese también es un tipo de violencia ya que nos niegan el derecho al trabajo digno», reconoció.
Sepúlveda manifestó que en las penitenciarías del país se ejerce una discriminación estructural «ya que el Estado paraguayo niega las visitas privadas a las compañeras lesbianas y transexuales».
Recordó además que ante la falta de apoyo del Estado para contar con una línea o centro de denuncias, la Asociación lanzó este año el servicio de ayuda telefónica «Rohendu» por medio del cual se documentan los casos de discriminación, violencia y abusos.
La integrante de Panambi dijo que con la presentación de este informe buscan erradicar la discriminación hacia las personas trans, así como realizar un análisis interdisciplinario entre el Estado paraguayo y la sociedad civil, a efectos de dar cumplimiento al artículo 25 de la Constitución Nacional que establece el derecho a la expresión de la personalidad y garantiza claramente el derecho a la identidad de género.
Para finalizar dijo que el Ministerio de Salud Pública debe socializar y aplicar en todas sus dependencias la resolución 695, del 31 de octubre de 2016, que establece que deben ser aceptados en las dependencias de la cartera de Salud el nombre social de las personas trans mediante el cual las mismas se identifican.