Asunción, IP.- Referentes del Poder Judicial trabajan en la creación de una política general que busque mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad y adultos mayores. El subdirector del Programa Mujer Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Rodrigo Jiménez Sandoval, se encuentra apoyando la tarea.
La iniciativa partió de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, quién invitó a referentes de diferentes sectores del Poder Judicial.
La primera jornada trató sobre el conocimiento y el entendimiento del marco conceptual, jurídico y metodológico para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Los temas a desarrollar fueron la socialización y los efectos en los derechos de las personas con discapacidad, los principios de interpretación y aplicación del derecho de las personas con discapacidad.
En la primera reunión participaron miembros de tribunales de apelación, jueces penales y civiles; funcionarios de numerosas áreas del Poder Judicial; y representantes de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Este martes la jornada tratará sobre el derecho internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y mecanismos internacionales de exigibilidad.
Para el efecto, se cuentan con la participación en calidad de disertante de Rodrigo Jiménez Sandoval, subdirector del Programa Mujer Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
Julia Fernández, una de las coordinadoras de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, indicó que la elaboración de esta política busca mejorar el acceso a la justicia de estos sectores, y que para ello se involucró al órgano rector, Senadis, además trabajar en forma conjunta con todas las áreas del Poder Judicial en temas de accesibilidad.
“La creación de esta política busca mejorar considerablemente el acceso a la justicia de estos sectores en condiciones de vulnerabilidad, pero no abarca sólo el aspecto jurídico o jurisdiccional. Contempla también el mejoramiento edilicio en materia de acceso, atención al público, de manera a que ésta sea una política general que sea real, posible y aplicable” señaló.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación.