(Editado para incluir comunicado de la Cancillería de Brasil)
El canciller Rubén Ramírez dijo que «no se tiene ninguna evidencia de que Brasil haya atacado los sistemas informáticos» de funcionarios paraguayos para obtener información durante las negociaciones por la tarifa de venta de energía de la hidroeléctrica compartida de Itaipu.
La Cancillería de Brasil emitió un comunicado en el que desmiente que se haya ejecutado la acción. La misma «fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y dejada sin efecto por el director interino de la ABIN el 27 de marzo, luego de que la actual administración tomará conocimiento», señala el comunicado.
De acuerdo a lo reportado por el medio UOL, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ejecutó una acción de hackeo para el espionaje a autoridades del Gobierno del Paraguay para obtener información relacionada a la negociación por la tarifa de venta de energía -concretada en mayo de 2024-, y por la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipu -que sienta las bases financieras de la empresa binacional.
La fuente son las declaraciones de dos funcionarios de la ABIN a la Policía Federal de Brasil dentro de una investigación por presunto desvío de fondos durante la gestión del exdirector Alexandre Ramagem y que también involucraría al actual director Luis Fernando Correa.
Las operaciones de hackeo a autoridades paraguayas habrían sido planeadas bajo la gestión de Ramagem, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, y continuadas por Correa durante el gobierno de Luiz Inácio Da Silva.
Según el testimonio del agente a la Policía Federal, el operativo resultó en la captura de datos de personas ligadas a la alta dirigencia del gobierno paraguayo. El operativo se realizó meses antes de que Paraguay y Brasil anuncien en mayo de 2024 un nuevo acuerdo sobre los montos pagados a Paraguay por la energía vendida a Brasil. Sin embargo, el agente no explicó si la información obtenida en la acción de Abin fue utilizada para favorecer a Brasil en la negociación.
Los ataques cibernéticos fueron montados en Chile y Panamá, de manera a que los agentes de ABIN se trasladaron allí para montar los servidores desde donde fueron impulsados los ataques.