Asunción, Agencia IP.- El juez penal de ejecución de San Lorenzo, Víctor Benítez, manifestó su preocupación por la reiterada falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias impuestas a personas condenadas o beneficiadas con medidas alternativas a la prisión, lo que, según señaló, constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores.
En entrevista con Tribuna, emitido por Paraguay TV, el magistrado explicó que en su jurisdicción se registran numerosos casos de incumplimiento de reglas de conducta, tanto en los procesos de Suspensión de Ejecución de la Condena (SEC) como en los de Suspensión Condicional del Procedimiento (SCP).
«En ambos casos me corresponde controlar el cumplimiento de sus obligaciones para que puedan seguir gozando de sus beneficios: en el primer caso, para no ir a la cárcel; en el otro, para evitar llegar a juicio oral», precisó Benítez.
Falta de interés y sensación de injusticia
El juez advirtió que, ante el incumplimiento reiterado, la ley le otorga la atribución de ampliar el plazo para el cumplimiento o, en casos de nulo interés, revocar el beneficio otorgado. No obstante, señaló que muchas resoluciones de revocatoria son apeladas y los tribunales superiores vuelven a conceder nuevas oportunidades a los condenados o imputados.
«Esto genera una sensación de injusticia para las víctimas, que son los niños y las personas denunciantes que reclaman la prestación alimentaria», enfatizó.
El magistrado recordó que la instancia de ejecución tiene como función principal garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas y las reglas impuestas, pero que en la práctica muchas veces se convierte en una etapa más del proceso judicial, dilatando la solución de los casos.
«Estamos hablando de derechos fundamentales, como la alimentación y el bienestar de los niños, que no pueden esperar», concluyó.