Asunción, Agencia IP.- El presidente de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, expuso los puntos claves del arribo de 25 personas este jueves y que forman parte del acuerdo de cooperación migratoria suscrito entre Paraguay y los Estados Unidos.
El titular de la Conare explicó el Memorándum de Entendimiento establecido con Estados Unidos que permitirá la llegada del primer grupo compuesto por 25 migrantes provenientes de diferentes países de habla hispana y que se encuentran en territorio estadounidense.
Entre los puntos clave de este memorándum, detalló que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) será la encargada del financiamiento del acuerdo (pago de pasajes y estadía), que permite la llegada de un máximo de 25 personas por mes y con un plazo de permanencia transitoria en Paraguay de entre tres a siete días. De extenderse dicho periodo, seguirá siendo financiado por la OIM.
Uno de los requisitos que contempla el acuerdo es que los migrantes que lleguen al territorio nacional en el marco del mismo, no deberán contar con antecedentes policiales, caso contrario, no podrán acogerse al beneficio del acuerdo.
«El acuerdo establece hasta 25 personas por mes que no han podido cumplir con los procesos migratorios de los Estados Unidos. La presentación de la lista será presentada por el Gobierno de Estados Unidos. Así también, nuestra normativa nos permiten el rechazo si no cumplen con las documentaciones pertinentes» señaló en conversación con los Medios del Estado.
Asimismo, remarcó que aquellas personas que quieran permanecer en Paraguay, deben someterse a los procesos migratorios de nuestro país en casos de solicitudes de refugio, con previo análisis de cada situación por parte de Migraciones.
La OIM en conjunto con Migraciones, tendrá a su cargo el monitoreo del proceso desde la llegada a Paraguay, hasta su arribo a sus respectivos países.
El presidente de la Conare explicó que la confidencialidad sobre la nacionalidad de los migrantes y en donde estarán hospedados, se enmarca dentro de los procesos operativos de la Ley de Refugio.