Bogotá.-Colombia se encamina hacia unas elecciones presidenciales profundamente polarizadas, marcadas por el deterioro de la seguridad, la crisis del sistema de salud y una creciente confrontación ideológica entre derecha e izquierda, en un escenario donde tres candidatos concentran las mayores posibilidades de disputar una segunda vuelta el próximo 31 de mayo.
Aunque serán 11 los aspirantes que aparecerán en la papeleta electoral, los sondeos y el debate público giran en torno a tres figuras situadas en los extremos del espectro político: el senador de izquierda Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; la congresista conservadora Paloma Valencia, respaldada por el opositor Centro Democrático; y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, outsider político del movimiento Defensores de la Patria.
La posibilidad de una victoria en primera vuelta aparece remota, por lo que el país se prepara para una campaña definida por alianzas, confrontaciones ideológicas y el temor creciente ante el avance de la violencia armada.
Cepeda, una de las voces más influyentes de la izquierda colombiana, construyó su carrera política alrededor de la defensa de los acuerdos de paz y las denuncias sobre los presuntos vínculos entre sectores políticos y grupos paramilitares.
Su histórica rivalidad con el expresidente Alvaro Uribe Vélez —figura central de la derecha colombiana— lo convirtió en uno de los principales referentes del progresismo en el país.
Valencia representa precisamente la continuidad del uribismo tradicional y se presenta como la candidata de la derecha institucional, mientras que De la Espriella irrumpió en la campaña con un discurso radical de seguridad y confrontación ideológica, inspirado —según sus propios seguidores— en líderes como Nayib Bukele y Javier Milei.
El abogado ganó notoriedad en años recientes por representar a clientes controvertidos, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, vinculado al gobierno venezolano y acusado de corrupción.
La campaña electoral estuvo dominada por mensajes de confrontación personal, acusaciones cruzadas y discursos basados en el miedo.
Los candidatos de derecha intentaron asociar a Cepeda con las extintas FARC debido a su defensa del proceso de paz, mientras que la disputa entre Valencia y De la Espriella dejó al descubierto las fracturas internas de la derecha entre sectores moderados y corrientes más extremas.
Sin embargo, detrás de la polarización política emergen problemas estructurales que dominan la preocupación ciudadana.
La inseguridad volvió al centro del debate tras el fortalecimiento de grupos armados ilegales durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y el fracaso parcial de su estrategia de «paz total», concebida para negociar simultáneamente con diversas organizaciones criminales y guerrilleras.
Aunque el gobierno sostiene que logró avances en algunos procesos de diálogo, ninguna de las principales estructuras armadas se desmovilizó hasta ahora y en varias regiones del país se intensificaron las disputas territoriales ligadas al narcotráfico y las economías ilegales.
En los últimos días, enfrentamientos entre facciones disidentes surgidas tras la desmovilización de las FARC dejaron al menos 52 muertos en el sur del país, en uno de los episodios más sangrientos de violencia reciente.
La crisis del sistema de salud también ocupa un lugar central en la campaña.
El deterioro financiero del modelo sanitario, las crecientes pérdidas económicas y las denuncias sobre precarización de servicios profundizaron el malestar ciudadano, mientras la corrupción continúa golpeando tanto a sectores tradicionales como al oficialismo.
La oposición conservadora retrata la administración de Petro como una «catástrofe política y económica», centrando sus críticas en el aumento de la deuda pública —que ronda el 58% del PIB—, el deterioro de la seguridad, el fracaso de la «paz total» y un supuesto enfriamiento de la relación con Estados Unidos.
La izquierda, por su parte, reivindica avances sociales alcanzados durante el actual gobierno, entre ellos la reducción de la pobreza multidimensional, la tasa de desempleo más baja desde 2001 y los sucesivos aumentos del salario mínimo, presentados como medidas para reducir la histórica desigualdad social colombiana.
En ese contexto, sectores conservadores advierten que una nueva victoria de la izquierda acercaría a Colombia a modelos como Venezuela o Cuba y pondría en riesgo la relación estratégica con Washington.
Desde el oficialismo, en cambio, crece la preocupación ante el ascenso de discursos ultraconservadores y propuestas radicales de mano dura impulsadas por De la Espriella, quien incluso llegó a sugerir que Petro debería ser enviado a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales.
Analistas locales observan un renovado interés de Washington por fortalecer alianzas con gobiernos ideológicamente afines en América Latina, en un momento en que Estados Unidos busca recuperar influencia regional frente a China y otras potencias emergentes.
«Sea quien sea quien asuma el poder en agosto, el próximo presidente enfrentará enormes desafíos: desde gestionar la presión de Estados Unidos hasta responder a las demandas de una distribución más equitativa de la riqueza y mejores servicios públicos», advirtió la organización International Crisis Group en un reciente informe sobre el proceso electoral colombiano.
«Para las comunidades que viven bajo el control de grupos armados y organizaciones criminales, estas elecciones representan una disyuntiva entre modelos radicalmente distintos de entender la seguridad pública», concluyó el reporte.AnsaLatina.