La Paz.-A más de un mes de conflictos sociales en Bolivia, aumenta la presión para que el presidente Rodrigo Paz restablezca el orden en el país. Lo que comenzó con reclamos sindicales dispersos derivó en pedidos de renuncia del primer mandatario, mediante bloqueos de caminos que han paralizado gran parte del país desde hace casi un mes.
Tras varios intentos de diálogo fallidos y la negativa de los sectores movilizados a buscar una salida consensuada, en las últimas horas surgió la propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la población sobre la continuidad del mandato de las principales autoridades del país.
“No podemos permitir que la violencia derroque gobiernos (…) la autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, del partido centrista Unidad.
En un texto publicado en sus redes sociales, el legislador planteó aprobar una “ley interpretativa de la Constitución” para convocar a un “referéndum revocatorio extraordinario” dentro de tres meses. “Estamos en un callejón sin salida por los bloqueos indefinidos”, manifestó y justificó su propuesta a fin de evitar la escalada de violencia o un enfrentamiento entre bolivianos.
En esa misma línea se pronunció el exsenador y excandidato presidencial de izquierda Andrónico Rodríguez, quien sugirió hacer la consulta ciudadana porque considera “urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática”.
El tema ha generado debate en Bolivia. Mientras algunos buscan soluciones que vayan más allá del uso de la fuerza y el diálogo, que no ha dado resultado hasta ahora, otras voces han rechazado la posibilidad de acortar el mandato de Paz, que inició hace casi siete meses.
Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, descartó impulsar la propuesta porque está fuera del marco constitucional, que establece la realización de revocatorios después de la mitad del mandato. Con las leyes vigentes, la consulta ciudadana podría realizarse recién a partir del 8 de mayo de 2028.
“Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que el Gobierno tiene que resolver los problemas que conflictúan a la población”, manifestó Del Granado.
La medida de presión se ha tornado insostenible para el país. Fuera de las pérdidas millonarias que representa para sectores estratégicos como la industria y el transporte, la población de La Paz y El Alto padece las consecuencias de un cerco prácticamente total: escasez de alimentos, de medicamentos, interrupción en el transporte público, falta de combustible, encarecimiento de productos básicos y la suspensión de algunos servicios de salud y de las clases escolares presenciales.
Este martes se cumplen 27 días de bloqueos de carreteras con más de 90 piquetes en siete de nueve departamentos del país. Si bien en la víspera se logró un acuerdo con manifestantes de Santa Cruz y se levantaron tres puntos, no hay visos de negociación con las organizaciones que lideran los bloqueos en La Paz y Cochabamba, epicentros del conflicto.
El domingo, el vicepresidente Edmand Lara convocó a una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos, pero la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari desistieron de asistir. “La lucha continúa”, manifestó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados . “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, agregó en una rueda de prensa.
En ese escenario también hay reclamos para que el presidente Paz dicte estado de excepción luego de que la semana pasada se abrogara una ley que limitaba la aplicación de esta medida.
“Gobernar es utilizar todas las prerrogativas y no suplicar ni claudicar”, manifestó el jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) en una rueda de prensa. El exmandatario manifestó que su bancada apoyó la abrogación de la norma que regulaba la medida de excepción y expresó su sorpresa por la falta de acción del Ejecutivo tras un “mes atroz” de protestas y bloqueos.
“Gobernar es decidir”, señaló Quiroga. “No es viajar para estar con el rey de España ni ir a visitar a Trump y sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, agregó.