Asunción, Paraguay, Agencia IP.- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para la reducción de pérdidas, realizó la verificación de tres locales con conexiones irregulares que se dedicaban presumiblemente a la producción minera de monedas virtuales o bitcoin en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Durante el procedimiento realizado en la víspera, lunes 15 de marzo del corriente año, se pudieron constatar dos locales de gran envergadura con conexiones irregulares, el primero en el kilómetro 11 lado Monday y el segundo en las inmediaciones del kilómetro 12 lado Acaray, ambas en Ciudad del Este.
En la primera verificación se pudo comprobar que el suministro se hallaba conectado a la red de la ANDE, en forma directa con una segunda acometida clandestina, fuera del medidor; mientras que el segundo local se encontraba con una conexión directa en baja tensión, también con una segunda acometida conectada en forma clandestina; por lo que en ambas verificaciones se procedió a la intervención correspondiente.
En la tercera intervención, ubicada en el kilómetro 13 lado Acaray, se constató que las conexiones estaban en condiciones normales, pero tras una revisión del estado de cuenta del suministro se procedió al corte del mismo por falta de pago, ya que adeudaba 293.000.000 de guaraníes, correspondiente a tres facturas vencidas. En dicho procedimiento además se procedió a la intervención de la vivienda del propietario del mencionado local, por conexión directa.
Cabe resaltar que, al momento de las intervenciones, todos los locales estaban sin funcionamiento, con los equipos apagados, sin líneas de producción, y con las llegadas a la red de media tensión de la ANDE desconectadas, por lo que no se pudo determinar la carga real utilizada en los mismos, solo los consumos mínimos, sobre lo cual fue labrada el acta de intervención y posteriormente, en la mañana de hoy, fue presentada la denuncia ante el Ministerio Público.
Este operativo fue realizado en forma conjunta entre las distintas unidades administrativas de la Agencia Regional Alto Paraná de la División de Gestión Regional Este, con el apoyo del Departamento de Intervenciones de la Gerencia Comercial, con el fin de reducir y combatir la sustracción de energía eléctrica, que según lo establece el Código Penal, es un delito con pena privativa de libertad de hasta tres años.