Asunción, IP.- Los abogados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentaron un informe, solicitado por el Juzgado, respondiendo al amparo presentado por algunas personas que firmaron planillas contra el rebalanceo de las tarifas por consumo eléctrico.
Los abogados Jorge Granada y Susana Scholz, en representación de ANDE, presentaron el informe solicitado por el Juzgado, en el marco de la acción de amparo.
El informe detalla que los amparistas esgrimen como fundamento principal de su acción que el pliego de tarifas elaborado por la empresa estatal, y aprobado por el Poder Ejecutivo, serían arbitrarios e injustos porque existen «otras maneras de terminar con el déficit de la ANDE».
En ese sentido, los amparistas exigen la eliminación de las conexiones clandestinas y cobro de la deuda histórica que mantienen instituciones del Estado con la empresa.
Al respecto, la ANDE explicó que la incidencia de las conexiones clandestinas dentro del total de las “pérdidas técnicas” es mínima, ya que según cifras oficiales esas pérdidas a la fecha se redujeron a 26,5 % (en el 2012 eran de alrededor del 32 %), y que las “conexiones clandestinas” junto a otros factores (avería de medidores, problemas de facturación) es solo del 7,7 %.
Además, el Juzgado fue informado que el hecho punible de “Sustracción de Energía Eléctrica” es atacado permanentemente con intervenciones y denuncias realizadas en todo el país (más de 2.000 en las últimas semanas).
En lo que hace a la deuda de instituciones del Estado con la ANDE, las planillas refieren que en el 2013 el monto aproximado de la deuda histórica rondaba los Gs. 414.000.000.000, pero como resultado de la gestión institucional se obtuvo una importante reducción de la deuda que la dejó en aproximadamente Gs. 230.000.000.000, cifra alcanzada a finales del 2016.
Sobre el impacto de las nuevas tarifas en la economía familiar, la ANDE aclaró que precisamente para precautelar la calidad de vida de toda la población paraguaya, se volvió inevitable el rebalanceo de las tarifas, de modo a solventar los proyectos que tiene la empresa estatal para el mejoramiento del servicio a favor de la ciudadanía.
En cuanto a la legalidad de los cambios, la ANDE avala el proceso con la elaboración de la normativa referida a la determinación y autorización de las tarifas, modificaciones ajustadas a las normas, según el informe.
Por último, la ANDE señaló que el instituto del amparo constitucional solo procede contra “un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo”, por lo que la ilegitimidad debe surgir en forma manifiesta, situación que no se da en este caso.
En este sentido, la representación legal de la ANDE alega que no puede soslayarse que ni el Pliego Tarifario N° 21 ni el Decreto Nº 6904 del 10 de marzo de 2017 que lo autoriza, han sido declarados inconstitucionales a los efectos de permitir sostener válidamente que su aplicación por parte de ANDE constituye un acto ilegítimo.
Igualmente, como resultado de una revisión aleatoria del Sistema Informático de la ANDE, se pudo verificar que entre los amparistas se encuentran personas que no figuran en la lista de usuarios de la ANDE, usuarios beneficiados por la tarifa social que no son afectados por el rebalanceo tarifario y usuarios de la empresa CLIFSA (más de 2.200) que ya fueron indirectamente beneficiados con el amparo concedido a esa empresa en la ciudad de Villa Rica.
El balanceo de los precios fue autorizado por el Poder Ejecutivo, después de 15 años del último reajuste.