Buenos Aires.- Argentina ordenó este jueves el congelamiento de activos en el país atribuidos al partido chií libanés Hizbulá y lo incluirá en el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo, creado ayer por un decreto presidencial, confirmaron a Efe fuentes oficiales.
Este anuncio se da el mismo día en que se cumplen 25 años del atentado contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, sigue impune y es atribuido por la justicia argentina a ex altos cargos iraníes y a Hizbulá.
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda, ordenó el «congelamiento de activos de la organización terrorista Hizbulá, entidades específicas del ala militar que integran la misma, y líderes de la organización».
Asimismo, la UIF solicitó la inscripción de este hecho en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet).
En un comunicado, el organismo destaca que Hizbulá y/o su ala militar ya fue designado como organización terrorista por varios Estados, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel y Holanda.
«Dichas designaciones dejan en claro que Hizbulá ha sido responsable de la comisión de numerosos actos terroristas alrededor del mundo», entre ellos el de la AMIA y el acaecido contra la Embajada de Israel de Buenos Aires en 1992, que tuvo un saldo de 29 muertos y 242 heridos.
Para la UIF, ese grupo libanés en la actualidad continúa representando una «amenaza actual y vigente» para la seguridad nacional y la integridad del orden económico financiero del país.
En julio de 2018, la UIF dispuso el «congelamiento administrativo» de los integrantes del denominado «Clan Barakat», integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación a Hizbulá.
En la elaboración del Repet participarán el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de Migraciones.
El Repet será de acceso público, «con los alcances que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos determine», y garantizará «el intercambio de información con las agencias con competencia en la materia y con terceros países, lo que permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación doméstica e internacional», señala el decreto. EFE