Brasilia.-El relator de la comisión especial dijo que hay elementos suficientes para darle curso al juicio político.
Sin pausa, la presidenta Dilma Rousseff ve cómo se suceden los pasos para que se le inicie el juicio político. El proceso de impeachment entró ayer en su fase definitiva tras el pronunciamiento favorable del relator de la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el tema.
«Según mi análisis, la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la república constituyeron un grave desvío de sus deberes funcionales, con perjuicios para los intereses de la nación y con la ruptura de la confianza que le fue depositada. Tales actos justifican la apertura del excepcional mecanismo del impeachment», estimó en su resolución el relator, Jovair Arantes, diputado del Partido Laborista (PTB).
Dilma está acusada de manipular las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y en 2015.
En su defensa ante la comisión, presentada la semana pasada por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, la mandataria alegó que el proceso carece de base legal por no referirse a actos que puedan ser definidos como «crimen de responsabilidad» y que, por tal motivo, darle continuidad representa un «golpe».
El instructor, sin embargo, afirmó que el análisis de la denuncia le permitió identificar indicios de que la jefa de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los «crímenes de responsabilidad» previstos en la Constitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito. «Tales actos justifican la apertura del excepcional mecanismo del impeachment», aseguró.
La comisión de la Cámara baja, compuesta por 65 diputados, votará este lunes el informe de Arantes y si da el visto bueno, el dictamen estará listo para pasar al pleno a partir del día 15. Se estima que la Cámara de Diputados precisará de unas tres sesiones antes de la votación definitiva.
Para que el proceso avance al Senado, institución encargada del juicio político, deben votar a favor las dos terceras partes de los diputados (342). En ese caso, el Senado deberá crear una comisión especial con un plazo de 10 días para emitir una resolución respecto del proceso. El veredicto de esa comisión es luego sometido a votación en el plenario de la Cámara alta, donde se necesita una mayoría simple (41 de los 81 senadores) para aprobar la destitución. De ser así, Dilma sería separada de su cargo durante seis meses a la espera de una decisión definitiva por parte del Senado, que ahora precisaría de una mayoría de dos tercios.
En caso de ser finalmente destituida, sería reemplazada hasta el fin de su mandato, en 2018, por su vicepresidente, Michel Temer, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que la semana pasada rompió una alianza con el gobernante Partido del Trabajo (PT) y se sumó a la causa del proceso de destitución.
La presidenta y su mentor y predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), han multiplicado en las últimas semanas los actos para denunciar una tentativa de «golpe de Estado».
Con una popularidad por el piso, la presidenta recurrió a Lula para tratar de reactivar al PT y a su electorado tradicional, desmovilizado por una recesión económica que se está convirtiendo en la peor en décadas y por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
El oficialismo centra su estrategia en los partidos menores de la heterogénea coalición, deseosos de ocupar los espacios dejados vacantes por el PMDB. Uno de ellos, el Partido Progresista (PP), que cuenta con 51 diputados, anunció ayer que mantiene su apoyo a Dilma, aunque no votará en bloque en contra del posible juicio político contra la jefa de Estado.
El presidente del PP, el senador Ciro Nogueira, dijo en una conferencia de prensa que el partido continúa en el gobierno y «orientará» a sus legisladores a apoyar a Dilma, aunque permitirá que un grupo de disidentes vote en contra. Según Nogueira, más de 40 legisladores del PP están en contra del juicio político y sólo una minoría secunda la destitución de la mandataria.
Además del PP, otras dos formaciones oficialistas que suman 85 diputados -el Partido Social Democrático (PSD) y Partido de la República (PR)- están decidiendo estos días si rompen con el oficialismo o se mantienen fieles a Dilma.efe.