Asunción, IP.- El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) informó que el miércoles 2 de setiembre se firmarán los documentos que permitan la primera etapa de regularización jurídico-administrativa de las 68.000 hectáreas de tierras conocidas como Exfinap, del Banco Nacional de Fomento (BNF), que deben ser trasferidas al ente rural, que años atrás ya pagó por esa propiedad.
El presidente del Indert, Justo Cárdenas, firmará el acuerdo respectivo con el presidente del BNF, Carlos Pereira, a fin de facilitar la construcción de casas de interés social por parte de la Secretaría Nacional del Hábitat y la Vivienda (Senavitat) en el asentamiento.
«Representamos a 10.000 familias que desde hace 15 años estamos tratando de lograr la transferencia de esas tierras y se pueda lograr un replanteo técnico del lugar, con lo que finalmente podamos acceder a los títulos de propiedad de nuestros lotes para convertir a Capiibary en un polo de desarrollo en el norte del país», señaló Eraclio Bareiro, coordinador de las comisiones vecinales de Exfinap.
Agregó que están encaminando muy bien estos trabajos con el presidente del Indert, por lo que agradecemos su predisposición y patriotismo para solucionar la prolongada situación legal de Exfinap.
El objetivo es llevar adelante un abordaje integral del asentamiento, en forma interinstitucional, para la habilitación de los servicios básicos, como caminos, escuelas, agua potable, electricidad, puestos de salud y otros.
Cárdenas se reunió con los dirigentes campesinos en Capiibary, ocasión en la que anunció que delineará una «hoja de ruta, a fin de que en un plazo aceptable podamos tener la transferencia e inscripción definitiva en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), de la finca número 13», ubicada entre los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú.
Durante la visita de Cárdenas, se conformó un equipo técnico para trabajar sobre el caso de las referidas tierras e instó a las familias rurales a crear una comisión que haga seguimiento de la labor realizada.
«Tenemos que hacer un gran trabajo técnico porque Registros Públicos y Catastro Nacional nos exige hacer una mensura judicial de las 68.000 hectáreas. Igualmente, el deslinde de todas las propiedades con títulos de propiedad, otorgados por el Indert y el BNF. Y con respecto a los lotes que aún no tienen títulos, el INDERT pueda otorgarlos a los sujetos de la reforma», añadió.
Durante una administración anterior, las 68.000 hectáreas fueron pagadas por adelantado y al contado al BNF, sin antes ser transferidas al Indert.
«Estatutariamente no estamos en condiciones de realizar un pago sin antes tener la transferencia. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación moral y social de resolver ese problema complejo», finalizó Cárdenas.