Ciudad de México.-Encontrar la verdad en el caso de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, es una obligación del Estado mexicano y una oportunidad para cambiar el sistema judicial, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de visita en este país.
«Es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia», afirmó en su discurso, al firmar un acuerdo de «Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa».
El objetivo de esa Comisión de la Verdad es «llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales», dijo la alta responsable del organismo internacional.
Ante el canciller Marcelo Ebrard y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que suscribieron el pacto, Bachelet expresó su confianza en la implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las del informe de su oficina, titulado «Doble injusticia», que citó en su alocución.
El Gobierno anterior del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) rechazó el 15 de marzo del año pasado el mencionado informe sobre el «encubrimiento de tortura» en la investigación federal del caso Ayotzinapa, argumentando que el anterior alto comisionado de las Naciones Unidas «omitió información relevante» de los expedientes de la investigación federal.
«Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos, y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa: el pleno respeto a los derechos humanos», expresó Bachelet, que asumió su cargo el 8 de agosto pasado, cinco meses después de terminar su segundo mandato presidencial en Chile.
La noche del 26 de septiembre de 2014, cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa que se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México fueron atacados a balazos por policías en Iguala, 220 kilómetros al sur de la capital mexicana.Seis estudiantes murieron, decenas resultaron heridos y 43 permanecen desaparecidos.
«Nunca más»
Bachelet expresó que valora la voluntad del Gobierno en colaborar con su oficina, para que las exigencias «legítimas» de las víctimas y sus familias «se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
«Solo de esta forma, podremos decir: nunca más, nunca más», reafirmó.
A la firma del convenio asistieron madres, padres y defensores de derechos humanos que representan a las familias de las víctimas, en el caso considerado «paradigmático», debido a que «muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema» para atender esas violaciones a derechos humanos, añadió Bachelet.
La alta funcionaria celebró al mismo tiempo «la voluntad del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República», recién convertida en fiscalía general.
Asimismo, felicitó al nuevo Gobierno, que comenzó hace poco más de cuatro meses, por su apertura y compromiso a colaborar con organismos internacionales, en particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bachelet también mencionó que la cifra oficial de más de 40.000 personas desaparecidas «es un llamado a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible».
«Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario», exclamó.
Finalmente, reconoció el papel de las organizaciones de la sociedad civil, en particular mencionó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (jesuita), al Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», al Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y al Centro de Análisis e Investigación, Fundar, que acompañan a las familias de los estudiantes desaparecidos.
El canciller mexicano dijo por su parte que el caso «es la principal preocupación del Gobierno (…) por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública mexicana».
«Si hablamos de un cambio de régimen en México, más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia», puntualizó Ebrad.Sputnik.