El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció la apertura de un «gran diálogo nacional» para consensuar las elecciones judiciales con «urgencia y lo más pronto posible», después de que una relatora de la ONU expresara su preocupación por la falta de acuerdo político y tras el bloqueo de rutas protagonizado por sectores cercanos al expresidente Evo Morales.
Lima dijo anoche que el llamamiento del presidente de la Asamblea Nacional, David Choquehuanca, «exige que los diputados y senadores busquen el camino establecido por la relatora, un camino que garantice la transparencia, independencia, respeto a los Derechos Humanos y principalmente el respeto a la Constitución».
Sin embargo, Lima expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado por el Senado al considerar que no se adecua a los criterios del Tribunal Constitucional y que favorece a la facción del expresidente Evo Morales y los opositores, encabezados por el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.
La relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales de Bolivia, y remarcó que la ausencia de acuerdos políticos provocó la caducidad de los mandatos de los máximos tribunales, amenazando la independencia e imparcialidad de la justicia.
«El derecho a un juicio justo requiere un juez independiente e imparcial. En Bolivia, para los tribunales superiores y el Consejo de la Judicatura, la Constitución exige la elección de candidatos que hayan sido examinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La participación de la sociedad civil en todas las etapas es importante para fortalecer la credibilidad del proceso», sostuvo Satterthwaite.
Así, insistió en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a los candidatos y avanzar en la celebración de elecciones con el fin de garantizar la imparcialidad de la justicia, según un comunicado recogido por Europa Press.
«Teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha fijado ninguna fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial del país y que los mandatos de los actuales titulares se hayan prorrogado indefinidamente», agregó.
El mandato de las altas autoridades judiciales elegidas en 2018 finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que se celebraran nuevas elecciones judiciales.
A fines de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió extender el mandato de las autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional «de manera excepcional y temporal, hasta tanto sean elegidas e instaladas las nuevas autoridades».
La movida desató la respuesta del Movimiento al Socialismo (MAS) que lidera el expresidente Evo Morales, junto con campesinos y otras organizaciones, que bloquearon rutas en reclamo de la renuncia de los jueces que extendieron su mandato, entre ellos los magistrados que lo inhabilitaron como candidato a la presidencia en 2025.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, caracterizó al sector del MAS que apoya a Morales como la «nueva derecha que, por ambiciones personales» quiere debilitar al Estado Plurinacional establecido hace 15 años.
«Hay razones para estar preocupados y, por tanto, para estar alerta y en pie de combate. Las amenazas de un proyecto de restauración conservadora y colonial no han desaparecido, y ahora cuentan a su favor con su articulación con una nueva derecha que, por ambiciones personales y electorales, están por debilitar los cimientos de nuestro Estado Plurinacional (…). Estamos en el momento de mayor amenaza para el Estado Plurinacional y de eso hay que estar advertidos», señaló ayer Arce.
Las palabras del presidente volvieron a exhibir la fractura del gobernante MAS entre su sector y el que encabeza Morales. Télam