Brasilia.- Un juez de la corte suprema de Brasil le exigió al expresidente Jair Bolsonaro explicaciones sobre el borrador de un decreto destinado a revisar el resultado de las elecciones de octubre pasado, mientras que el Gobierno destituyó hoy a 40 militares que recibieron bonificaciones para trabajar en la coordinación de la seguridad en la residencia oficial del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Benedito Gonçalves, juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), incluyó el documento en una investigación contra Bolsonaro relacionada con sus cuestionamientos infundados al sistema electoral.
El texto, encontrado en un allanamiento en casa del detenido exministro de Justicia y Seguridad Pública de la Nación y luego secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, fue considerado inconstitucional por especialistas.
Hay una «inequívoca correlación» entre la minuta y las acusaciones contra Bolsonaro, evaluó el magistrado, según un fragmento del fallo publicado por O Globo y recogido por la agencia de noticias AFP.
El borrador fue hallado días atrás por las autoridades en la casa de Torres, detenido bajo sospechas de connivencia con los ataques a los poderes del Estado el 8 de enero en Brasilia.
Gonçalves dio un plazo de tres días al exmandatario para manifestarse sobre el texto, en el marco de una causa por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación durante una reunión con embajadores en la que cuestionó, sin pruebas, la legitimidad del sistema electoral, en julio pasado.
En ese proceso, Bolsonaro podría quedar proscripto para ir a elecciones por cargos públicos.
El documento, fechado en 2022, tenía por objetivo crear una comisión que asumiera las responsabilidades del tribunal electoral y revisara el resultado de las presidenciales.
Torres señaló en Twitter que guardaba en su casa material «de descarte» y que el documento fue tomado «fuera de contexto» para alimentar un relato en su contra.
El actual ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo que la minuta es «un eslabón de la cadena golpista», y que «muestra el verdadero propósito» de los ataques.
El exmandatario se encuentra fuera del país desde el 30 de diciembre, cuando viajó a Orlando, Estados Unidos, y evitó pasarle la banda presidencial a su sucesor el 1 de enero.
Ayer Boslonaro habló ante seguidores que se reunieron frente a su residencia en Orlando y se refirió a los ataques a las sedes de los tres poderes por sus seguidores el pasado 8.
«Lamento lo que aconteció el día 8, algo increíble», dijo el exmandatario, en la que fue su primera reacción pública sobre los ataques, que fue filmada y subida a redes por sus seguidores.
Ese domingo, miles de personas identificadas con el exmandatario, invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema pidiendo a gritos un golpe de Estado contra el gobierno de Lula, que llevaba una semana de gestión.
Más de 1.100 personas continúan detenidas por los actos calificados de «terrorismo» por las autoridades.
Por su parte, el ministro de la Casa Civil -cargo similar al jefe de Gabinete- Rui Costa declaró hoy a medios locales que intentará programar una reunión entre el presidente, el ministro de Defensa, José Múcio, y los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Marina para discutir la modernización de las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Gobierno destituyó a 40 militares que recibieron bonificaciones para trabajar en la coordinación de la seguridad en la residencia oficial de Lula en Brasilia.
Las ordenanzas de la Secretaría General de la Presidencia, con las destituciones, fueron publicadas en la edición de hoy del Boletín Oficial, reseñaron los medios locales O Globo y Folha de Sao Paulo.
La decisión afecta a militares de menor rango (soldados, cabos y sargentos) que trabajaban en la seguridad del Palacio de la Alvorada -la residencia presidencial-, quienes seguirán perteneciendo a las Fuerzas Armadas, pero deberán hacer actividades en otros destinos.
La destitución se produce en medio de la desconfianza expresada por el presidente con la actuación de los militares durante los atentados del 8 de enero.
La semana pasada, Lula dijo que vio casos de complicidad entre miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Distrito Federal con bolsonaristas radicales.
Lula también se quejó de que todavía no puede mudarse a Alvorada por el estado de conservación de su residencia oficial.
La Secretaría General también destituyó este martes a un cabo de la Fuerza Aérea que trabajaba en la coordinación de la administración de Granja do Torto, un teniente que estaba en la Coordinación General de Administración de Residencias Oficiales y un teniente coronel de la PM de Brasilia.
El Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), encargado de cuidar la seguridad del presidente, el vicepresidente y los palacios presidenciales, también despidió este martes al personal militar.
La cartera destituyó a tres militares del cargo de asesor técnico militar en la Coordinación General de Operaciones de Seguridad Presidencial, entre ellos el teniente coronel del ejército Marcelo Ustra da Silva Soares.
Según el portal Metrópoles, Marcelo es pariente del coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, considerado uno de los principales torturadores de la dictadura militar (1964-1985) y que fue considerado un «héroe» nacional por Bolsonaro.
De acuerdo con el Portal de Transparencia del gobierno federal, Marcelo viajó a fines de diciembre a Orlando, por trabajo, como miembro del equipo de seguridad en el viaje de un familiar de Bolsonaro.
En tanto, la presidenta del TSF, Rosa Weber, anuló el último indulto del expresidente a decenas de policías y militares que fueron condenados por el crimen de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, en lo que se conoció como la masacre de Carandiru.
El indulto fue una de las últimas decisiones de Bolsonaro antes del final de su mandato, consignó Europa Press. Télam